El militar venezolano Rafael Quero Silva fue detenido en 2025 en Estados Unidos. El ICE lo señaló de "extranjero ilegal y criminal de Venezuela". Pero su historia se hizo conocida porque el teniente coronel fue señalado en múltiples ocasiones por ser un violador de derechos humanos en Venezuela, de donde muchas de sus víctimas tuvieron que huir. Hoy se encuentra detenido en El Paso y es posible que lo deporten a Caracas.

Muchos de quienes sobrevivieron a las torturas de Quero Silva durante 2013 y 2014 en el estado Lara, durante las protestas que ese año se generaron en contra de Nicolás Maduro, emigraron a Estados Unidos y en 2018 lo vieron de extra en la novela "Mi familia perfecta", de la cadena Telemundo. Rápidamente, las víctimas denunciaron la presencia del funcionario en el país. 

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Según la ONG Funpaz, que ha hecho seguimiento del caso, Quero Silva se encuentra actualmente bajo custodia en el centro de detención ERO El Paso Camp East Montana, ubicado en el estado de Texas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas de la represión en Venezuela, exigen a la administración estadounidense que se investiguen los señalamientos en su contra antes de tomar cualquier medida de expulsión del país. 

Durante años, manifestantes y sobrevivientes de la represión en Barquisimeto, estado Lara, han señalado a Quero Silva por su presunta participación en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y abusos sistemáticos contra personas que ejercían su derecho a la protesta.

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Diversos medios de comunicación han documentado con el paso del tiempo los testimonios de las víctimas, quienes solicitan de manera formal que la justicia estadounidense profundice en las evidencias existentes y examine el caso bajo estándares internacionales de derechos humanos.

Víctimas rechazan el posible regreso de Quero Silva a Venezuela

Frente a la posibilidad de un proceso de repatriación, Funpaz emitió un contundente pronunciamiento en el que rechaza una eventual deportación de Quero Silva a territorio venezolano mientras no existan garantías de justicia para los afectados.

"Su eventual regreso a Venezuela genera una preocupación legítima por la seguridad de víctimas y testigos y por el riesgo de impunidad", advirtió la organización.

Integrantes de Funpaz recalcan que un retorno precipitado a su país de origen no solo pondría en peligro la integridad física de quienes se han atrevido a denunciarlo, sino que enterraría la posibilidad de un juzgamiento imparcial.

Como parte de las acciones legales iniciadas en suelo estadounidense, cinco víctimas de represión —entre las que figuran miembros de Funpaz— interpusieron una demanda civil federal contra Quero Silva ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Ante la inminencia de resoluciones migratorias, la ONG y los querellantes hicieron un llamado público a las autoridades de Estados Unidos, incluyendo al Presidente Donald J. Trump, al Secretario de Estado Marco Rubio, al Departamento de Justicia, a las autoridades judiciales federales y al propio ICE.

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Las solicitudes centrales de las víctimas y defensores se resumen en frenar la deportación inmediata: Que no se tramite la devolución de Quero Silva a Venezuela sin antes asegurar la protección efectiva de las víctimas y el acceso a los canales de justicia.

También piden que el Departamento de Justicia y los tribunales de EE. UU. procesen las evidencias y denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en su contra. 

Impedir que una medida administrativa de expulsión sea utilizada como un atajo que deje sin respuesta los crímenes cometidos y salvaguardar a las víctimas y testigos que han colaborado activamente enviando información y testimonios a organismos e instancias judiciales de EE. UU.

El caso de Rafael Quero Silva coloca a las instituciones estadounidenses en una encrucijada legal y moral. Para los activistas y sobrevivientes, la actuación de las autoridades de ese país enviará una señal contundente al resto del mundo sobre el compromiso real con las libertades fundamentales.

Permitir que personas procesadas u objeto de denuncias por graves crímenes contra los derechos humanos sean deportadas sin enfrentar un proceso judicial adecuado no solo desampara a las víctimas, sino que sienta un precedente devastador para quienes arriesgan su vida alzando la voz contra la represión.