Delcy Rodríguez, encargada de Venezuela, decretó en abril una nueva extensión del Estado de Emergencia Económica, formalizado bajo el decreto n.° 5.314, prolongando por 60 días más unas facultades que, según la Constitución, deberían ser estrictamente temporales.

Para la ONG Acceso a la Justicia, esta nueva extensión reabre el debate sobre el uso reiterado de medidas excepcionales “fuera de los límites constitucionales y su impacto en el equilibrio de poderes y en la vida ciudadana”.

La organización detalló que con esta decisión se acumulan ya cuatro prórrogas sucesivas, lo que evidencia la continuidad de un régimen de excepción que, en principio, debería tener una duración temporal.

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Facultades extraordinarias: El Ejecutivo sin contrapesos

La vigencia de este decreto otorga al Gobierno una discrecionalidad casi absoluta en materia financiera. Al amparo de "circunstancias extraordinarias" y supuestas amenazas externas, el Ejecutivo nacional mantiene la capacidad de actuar al margen del Parlamento.

Gestión presupuestaria: Autorización de gastos no previstos y modificación de regímenes fiscales sin aprobación legislativa.

Crédito público: Aprobación de operaciones de crédito sin la intervención de otros poderes del Estado.

Suspensión de tributos: Capacidad para dictar regulaciones excepcionales que afectan directamente la recaudación y la política arancelaria.

El muro constitucional venezolano

Expertos juristas advierten que la acumulación de prórrogas desnaturaliza la figura del estado de excepción. Aunque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la medida mediante la sentencia n.° 515, el texto constitucional es restrictivo en sus plazos.

El límite de los 120 días: El artículo 338 de la Constitución establece un periodo inicial de 60 días y una única prórroga por el mismo tiempo. Con cuatro extensiones consecutivas, la excepcionalidad parece haberse transformado en una política de gobierno permanente.

Omisión del Parlamento: El artículo 339 exige el visto bueno de la Asamblea Nacional, un paso que se ha obviado sistemáticamente desde el primer decreto de abril de 2025.

Debilitamiento judicial: El control del TSJ es cuestionado por sectores civiles, al considerar que actúa como un validador de las decisiones del Ejecutivo en lugar de un garante de la carta magna.

Opacidad y falta de notificación internacional

Uno de los aspectos más críticos de esta nueva prórroga es la falta de transparencia en su difusión y el incumplimiento de protocolos internacionales.

Invisibilidad legal: Pese a conocerse los datos de la Gaceta Oficial n.° 7.017 extraordinario, el contenido del decreto no ha tenido una difusión pública efectiva, conociéndose solo a través de la interpretación del TSJ.

Silencio ante organismos externos: Venezuela ha omitido informar de esta declaratoria a la ONU incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales exigen notificar cualquier restricción de derechos para garantizar su legalidad y proporcionalidad.

Impacto en el ciudadano: ¿Por qué es relevante?

Lejos de ser un debate meramente jurídico, la prórroga de la emergencia económica impacta directamente en el bolsillo y los derechos de los venezolanos:

Inseguridad jurídica: La falta de reglas claras y el uso de decretos discrecionales ahuyentan la inversión extranjera, necesaria para la recuperación económica.

Riesgo de arbitrariedad: Sin controles institucionales, el Gobierno tiene vía libre para modificar impuestos y precios, lo que afecta el acceso de la población a bienes y servicios básicos.

Cero rendición de cuentas: La ausencia de vigilancia parlamentaria reduce las posibilidades del ciudadano para exigir transparencia sobre el destino de los fondos públicos.

La gran contradicción que queda en el aire es el contraste entre el discurso oficial de "recuperación y apertura petrolera" y la insistencia en mantener un régimen de crisis que, legalmente, solo debería existir ante una catástrofe inminente.