Venezuela suma más de un año y medio bajo un estado de excepción que contraviene los límites de la propia Carta Magna. Lo que el artículo 338 de la Constitución concibió como un mecanismo extraordinario, delimitado a un máximo de 60 días con una sola prórroga posible de 60 días adicionales —120 días en total—, se ha transformado en un modelo ordinario de gobierno.

Desde abril de 2025, el Ejecutivo ha dictado ocho decretos mediante renovaciones y prórrogas que eluden los contrapesos institucionales. 

LEA TAMBIÉN

La ONG Acceso a la Justicia reitera que esta práctica alcanzó un nuevo hito con la sentencia N.° 824 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 8 de agosto de 2026, la cual declaró la constitucionalidad del Decreto N.º 5.414 dictado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. 

La medida extendió la emergencia por 60 días más hasta comienzos de octubre de 2026, replicando la misma fórmula de supresión de controles empleada por Nicolás Maduro.

LEA TAMBIÉN

El esquema utilizado para evadir los topes temporales obedece a una maniobra recurrente de reinicios formales. Una vez agotado el plazo constitucional, el Ejecutivo no tramita una prórroga ordinaria sino que promulga un "nuevo" decreto con un número distinto pero con idéntico contenido, causas y potestades.

El primer decreto de este ciclo (Decreto N.º 5.118, publicado en la Gaceta Oficial N.º 6.896 del 9 de abril de 2025) venció el 7 de junio de ese año tras contar con la aprobación inicial de la Asamblea Nacional (AN) y la validación del TSJ. Sin embargo, entre junio y agosto de 2025 el Gobierno continuó aplicando medidas excepcionales en un claro vacío legal, aprobando decretos de ejecución cuando la emergencia ya había caducado. 

En agosto se aprobó el Decreto N.º 5.157, reiniciando formalmente el conteo sin la aprobación del Parlamento, patrón que continuó en octubre con el Decreto N.º 5.167 y en diciembre con el Decreto N.º 5.190. Además, las sentencias de la Sala Constitucional han llegado a publicarse antes que los propios decretos en la Gaceta Oficial, omitiendo paralelamente la obligación de notificar formalmente al Secretario General de la ONU bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

LEA TAMBIÉN

Esta estrategia reproduce en detalle la trayectoria vivida entre 2016 y 2021, periodo en el cual el país permaneció más de cinco años ininterrumpidos bajo emergencia económica mediante 36 decretos (32 declaratorias y prórrogas entre 2016 y 2021, seguidos por los dictados en 2025 y 2026). 

La ONG Transparencia Venezuela en su informe de  agosto de 2026, detalla que el proceso ha atravesado cinco etapas evolutivas identificables: se inició en enero de 2016 con el Decreto N.º 2.184 enfocado en aspectos económicos, derivó en mayo de 2016 (Decreto N.º 2.323) en un estado de excepción político y de seguridad, continuó entre 2016 y 2017 con el paulatino despoje de las competencias de la Asamblea Nacional, se expandió entre 2017 y 2018 con una discrecionalidad sin precedentes, y se consolidó entre 2018 y 2021 convirtiendo la excepción en regla ordinaria hasta su posterior reactivación en 2025.

A lo largo de esta evolución, la acumulación de competencias del poder Ejecutivo creció de manera exponencial, pasando de 11 facultades en enero de 2016, a 18 en mayo de 2017, 23 en enero de 2018, 25 en septiembre de 2017 y alcanzando un techo de 36 facultades en el Decreto N.º 3.610 de septiembre de 2018. 

Bajo el amparo de los decretos dictados desde 2025, que confieren 10 amplias potestades extraordinarias, el Ejecutivo asume facultades legislativas en materia tributaria, financiera y monetaria reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo (artículos 136 y 137). 

Esto le permite modificar presupuestos, realizar erogaciones no previstas, redirigir fondos hacia cuentas especiales, regular la distribución de alimentos y medicinas, fijar normativas cambiarias, intervenir tributos locales y autorizar operaciones de crédito público al margen de la Ley Especial de Endeudamiento y sin fiscalización parlamentaria.

LEA TAMBIÉN

Decretos en Venezuela que no resuelven nada

En el terreno operativo, los decretos no han resuelto las causas estructurales de la crisis ni los desequilibrios de las finanzas públicas, sino que han servido para centralizar recursos en el Tesoro Nacional a expensas de las regiones y los entes descentralizados.

Muestra de ello es la promulgación del Decreto N.º 5.143 (G. O. N.º 6.917 del 25 de junio de 2025), que obligó a institutos descentralizados como Fonacit, Conatel e INEA a transferir el 70 por ciento de sus ingresos por tarifas y contribuciones parafiscales al Fondo Especial Ciudad Humana.

En esa misma línea, el Decreto N.º 5.171 (G. O. N.º 6.934 del 20 de octubre de 2025) despojó a los estados de la administración de las estaciones de peaje para trasladar su recaudación al Gobierno central, mientras que los decretos N.º 5.145 y N.º 5.196 (G. O. N.º 6.952 del 31 de diciembre de 2025) derogaron la exención del IVA a bienes básicos importados para someterlos a un régimen discrecional de exoneraciones que favorece la importación pública.

La desarticulación de los controles institucionales previstos en la Ley de Contrataciones Públicas incrementa significativamente las oportunidades para la asignación discrecional de contratos, la captura del Estado y los actos de corrupción, tal como lo denunció la Asamblea Nacional desde 2017 y lo reitera Transparencia Venezuela en su informe.

Para los ciudadanos, este modelo se traduce en una erosión directa del bienestar social: la transferencia del capital regional al poder central priva a las alcaldías y gobernaciones de los recursos necesarios para mantener infraestructuras y prestar servicios públicos básicos. 

Al sustituir el Estado de Derecho por la discrecionalidad, la emergencia económica continuada desmantela los mecanismos de rendición de cuentas, aleja a la ciudadanía de las decisiones sobre el gasto público e impone un entorno de opacidad e inseguridad jurídica que se ha extendido durante casi una década.