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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2026, la cual contempla un total de 37.017 plazas. Durante la rueda de prensa posterior, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que la gran prioridad de esta convocatoria es la digitalización, subrayando que el uso de la tecnología en la Administración debe servir para "transformar empleos y no a destruir empleos".
Esta oferta introduce un cambio de modelo histórico que, según el Ejecutivo, no se basa exclusivamente en la tasa de reposición de jubilaciones, sino en las "prioridades que tiene el país". Del total de puestos, la Administración General del Estado (AGE) recibirá 27.232 plazas, lo que supondrá un saldo positivo de 6.200 empleos netos tras descontar las bajas previstas. Destaca la creación de 1.700 puestos especializados en TIC, que incluirán por primera vez en la historia perfiles expertos en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y ciencia del dato. Asimismo, se incrementará en un 30% la oferta en áreas estratégicas como la gestión de migraciones y la atención ciudadana, además de una convocatoria extraordinaria de 346 plazas para el Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin embargo, el anuncio ha estado rodeado de una fuerte polémica. Por primera vez en ocho años, el Gobierno ha hecho pública la oferta sin haber desvelado previamente las cifras ni la distribución a los sindicatos. Esta maniobra ha sido denunciada frontalmente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) como una "falta de transparencia" y de "respeto absoluta" hacia los representantes legales de los trabajadores. Según el sindicato, el Gobierno ha "secuestrado" la información para evitar el desgaste público tras la ruptura de las negociaciones el pasado 22 de abril.
Desde el ámbito sindical se advierte que, pese al refuerzo tecnológico, la plantilla sigue sufriendo un envejecimiento estructural y se ve tensionada por la implantación de la jornada de 35 horas. Servicios críticos como el SEPE y la Seguridad Social continúan operando al límite, mientras que las oficinas de Extranjería se encuentran desbordadas por los procesos de regularización de migrantes. Finalmente, cabe señalar que esta oferta sigue la tendencia a la baja iniciada en 2025 y queda lejos del récord de 40.146 plazas alcanzado en 2024.