Tal día como hoy, pero hace justo dos años, Pedro Sánchez era investido presidente del Gobierno e iniciaba su tercer mandato al frente de La Moncloa. A pesar de perder las elecciones del 23-J con 121 escaños, frente a los 137 obtenidos por el Partido Popular, su principal oposición, el 16 de noviembre de 2023 consiguió una mayoría ensamblada, gracias a 179 votos a favor, contra 171 rechazos.

Para alcanzarla, necesitó cuatro meses de negociaciones con las distintas formaciones del Hemiciclo, un viaje a Suiza del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -hoy en prisión provisional por la presunta trama de corrupción del caso Koldo- para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont, y un pacto final para conformar un Gobierno de coalición con Sumar. Y aunque Sánchez y Yolanda Díaz unificaron sus principales medidas en un acuerdo de gobernanza, antes del 23-J cada uno presentó por separado sus propias promesas electorales a los españoles.

"Un programa para la mejor España", era el lema que los socialistas escogieron para anunciar su propuesta electoral de 2023. Sin embargo, dos años después, esa "mejor España", que abanderaba Sánchez, es la que lleva con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) congelados desde el mismo año de la celebración de los comicios. Es la que registra el índice de pobreza infantil más alto desde 2016. Es la que sufre una fuerte pérdida de poder adquisitivo entre sus ciudadanos. Es la que enfrenta una situación insostenible de acceso a la vivienda y la que ve a sus jóvenes emanciparse de casa de sus padres a los 30 años, casi cuatro años más tarde que la media europea (26,2), según Eurostat.

A mitad de su mandato, el balance de sus compromisos arroja más suspensos que aprobados. De las 12 promesas extraídas del programa electoral del PSOE y de Sumar para las elecciones de 2023 y analizadas por EL MUNDO, sólo una -la conexión digital del territorio- alcanza el sobresaliente, mientras que la mayoría se quedan a menos de medio camino o directamente incumplidas.

Desde 2020, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de los 950 euros al mes a los 1.184 euros que se pagan en 2025 –16.576 anuales en 14 pagas–, lo cual supone un incremento del 24,6%. No obstante, en el mismo periodo de tiempo, la inflación se comió casi toda la subida ya que el IPC aumentó un 22,5% –datos de septiembre–.

El alza fue aún más acusada entre los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas –bienes a los que los hogares más modestos dedican más cantidad de esfuerzo–, que se encarecieron un 34%, lo cual supera con creces el aumento del SMI.

En cuanto al salario medio, los últimos datos disponibles, referidos a 2023, lo situaban en 28.049,94 euros, un 11,5% por encima del de 2020, pero 4,6 puntos por debajo del aumento del IPC acumulado hasta ese año.

La primera página del programa de Sumar para el 23-J anticipaba que "en 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales". Si bien la titular de Trabajo puso empeño en materializar la primera etapa de esta promesa –pasar de las 40 horas a 37,5–, el pasado septiembre se dio de bruces con el Congreso, que rechazó la propuesta por 178 votos en contra y 170 a favor.

Los siete noes de Junts fueron, una vez más, decisivos para decantar la balanza. En esta ocasión, los de Puigdemont se alinearon con PP, Vox y UPN con el argumento de que la medida lastraría a trabajadores y pymes. El Gobierno afirmó que volverá a intentarlo cuando tenga más apoyos.

Las administraciones autonómicas han sido las protagonistas de la vivienda protegida en las últimas décadas. En las pasadas elecciones, el PSOE aseguró que el Gobierno central recuperaría su iniciativa en la materia y que promovería de forma directa 50.000 viviendas a través de la Sepes, la Entidad Pública Estatal de Suelo.

En estos dos años se está transformando la Sepes, ya que antes la promoción de vivienda no era su función. Pero los avances a pie de calle van muy despacio y se aleja la posibilidad de tener esos pisos listos en el medio plazo. La Entidad asegura que "se está desarrollando suelo para la promoción de cerca de 20.000 viviendas" y que prevé "avances importantes en los próximos meses" en algunas obras preparatorias en Sevilla, Málaga o el futuro barrio de Campamento, en Madrid.

El parque de alquiler asequible iba a crecer con un segundo lote de otras 50.000 viviendas, decía el programa de los socialistas. En este caso, se aprovecharían los pisos que absorbió la Sareb durante la crisis financiera de 2008 o se construiría sobre terrenos de su propiedad.

El Gobierno aprobó el traspaso de más de 40.000 inmuebles del banco malo a la Sepes el pasado julio. La transmisión material aún no se ha realizado, pero en la empresa pública –dependiente del Ministerio de Vivienda– espera que se consume "en breve". Señalan también que las viviendas se ofertarán trimestralmente a través de un portal del inquilino en el que aún están trabajando.

En Vivienda avisan de que los pisos se hallan en distintos estados –algunos se quedaron a medio construir– y que su acondicionamiento aún llevará tiempo, ya que el músculo laboral de la construcción quedó muy debilitado tras el crack inmobiliario –hoy trabaja en él un 42% menos de personas que en 2008–.

Una parte de los pisos que se transmitirán ya están alquilados por la Sareb –Vivienda no aclara cuántos– en el marco de programas sociales y para los afectados de la Dana.

En 2023, el Partido Socialista se comprometía a "agilizar las ayudas para paliar los daños causados por catástrofes naturales". Dos años antes, el volcán Cumbre Vieja arrasó con La Palma. En aquel momento, el Ejecutivo central se comprometió a movilizar 470,2 millones de euros de los 591 millones previstos en ayudas.

Sin embargo, los afectados llevan dos años sin recibir fondos estatales, que siguen congelados por la falta de Presupuestos Generales del Estado. Esta semana, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, denunció en el Congreso los retrasos en medidas como la bonificación del 60% del IRPF para los palmeros. Un mes antes, su partido también denunciaba que "el Estado adeuda 200 millones de euros para la reconstrucción de La Palma: 100 de 2024 y otros 100 previstos para 2025, tras abonar sólo la partida de 2023", último año que se aprobaron los PGE.

Además, desde la Asociación Tierra Bonita denuncian que "más de 7.000 personas fueron evacuadas, de las cuales, alrededor de 3.000 aún no ha recibido todas las ayudas prometidas", cuentan. Y hasta 115 familias aún estarían viviendo en casas prefabricadas en junio.

Transportes es uno de los aspectos más cuestionados. El incesable número de averías y los retrasos constantes de Renfe están causando un caos ferroviario que afecta a miles de viajeros.
El AVE, antes un emblema, ha perdido prestigio. El presidente prometió llevar la Alta Velocidad a Asturias en 2023 y a Almería en 2026. Si bien cumplió con la primera, la provincia almeriense aún no tiene fecha oficial.

En junio de 2023, el BOE publicó la contratación de las obras del Corredor Mediterráneo en Murcia- Almería, con un plazo de 54 meses, lo que marcaría finalización en noviembre de 2027. Después, Sánchez prometía el AVE para 2026. Sin embargo, no ha sido hasta este agosto, cuando el ministro del ramo, Óscar Puente, situaba la posible apertura en 2027, aunque aclaró que esto no significaba que el Corredor Mediterráneo en su conjunto estará completo.

Mientras que también prometían seguir trabajando en la alta velocidad con Extremadura, el documento de ejecución publicado este octubre retrasa su funcionamiento hasta el 2034, aunque la Junta de Extremadura ha exigido al Ejecutivo central que lo ponga en marcha en 2030.

Sánchez calificó su anterior mandato como "la legislatura de la infancia" y aseguró que en 2021 "la pobreza en la infancia había descendido hasta niveles previos al Covid-19". En realidad, ese año, el 28,9% de los menores vivían en riesgo de pobreza, frente al 27,4% de 2019. Lejos de mejorar, la situación empeora. Según Funcas, en 2024 España se convierte en el país con mayor riesgo de pobreza infantil de la Unión Europea, con un 29,2%, casi diez puntos por encima de la media comunitaria (19,3%), seguida de Bulgaria (28,2%) y Rumanía (26,2%). Son cifras no vistas desde 2016.

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza atribuye este aumento a que las familias con menos recursos no han mejorado sus condiciones de vida: las rentas medias de los menores crecen un 2,8%, mientras que el umbral de pobreza lo hace en el 5,4%.

En 2021 entró en vigor la Ley de Protección de la Infancia ante la Violencia (LOPIVI), impulsada por Podemos, que daba un año para crear Juzgados de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. Ese año, se abrió el primero en Las Palmas de Gran Canaria como proyecto piloto.

El 23-J, Sumar prometió crear fiscalías y juzgados especializados, algo que la ley ya exigía. En junio de 2025, el Gobierno aprobó un Real Decreto que sólo establece tres secciones judiciales –Madrid, Barcelona y Málaga–, cada una con una plaza.

Mientras tanto, el número de denuncias en las que un menor fue víctima en 2024 (62.247) había aumentado un 63,6% respecto a 2010. Desde Save the Children critican que la respuesta es insuficiente y muy por debajo de lo que exige la ley, cuatro años después de que entrase en vigor la mencionada Ley.

En campaña, Sánchez llevó hasta las 20 semanas el permiso por nacimiento y Díaz, 10 de cuidados hasta los 12 años del hijo. Parecía una promesa para fomentar la conciliación, pero en realidad se trataba de esquivar la multa que España estaba pagando por incumplir la legislación comunitaria. La UE pide: 14 semanas como mínimo por nacimiento y ocho por cuidados a disfrutar hasta que el hijo cumpla ocho años. En 2023, España sí cumplía con el primero –tenía 16 semanas–, pero no con el segundo, ya que el permiso que estaba vigente no estaba retribuido.

Este año, el Gobierno añadió una semana al permiso de nacimiento –se queda en 17 semanas–; y aprobó sólo 2 semanas pagadas por cuidados, disfrutables hasta que el menor cumpla los ocho años de edad.

Ahora el Gobierno trata de vender un permiso único de 19 semanas –que casi cumpliría la promesa del PSOE en el 23-J–, pero que en realidad aglutina los dos, con la particularidad de que las semanas que se pueden disfrutar a lo largo de la infancia del niño son únicamente dos, muy por debajo del umbral marcado por Bruselas y de lo prometido por Sumar.

El Estado, como empleador de 242.409 funcionarios –sin contar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado–, puede marcar una diferencia en el devenir regional según el reparto que haga de sus funcionarios.

El compromiso de los socialistas fue el de abrir "nuevas sedes y servicios" y "seguir reforzando las capacidades de la Administración General del Estado (AGE)" fuera de la capital para mitigar la despoblación.

En el haber: se han creado dos Agencias Estatales nuevas, que se han instalado en La Coruña y Sevilla. Además, cinco provincias en riesgo de despoblación han aumentado sus efectivos por encima del 5%, en especial Soria y Salamanca.

En el debe: en otras provincias deprimidas como Cuenca, Huesca o Jaén, la AGE ha perdido más de un 6% de funcionarios.

Es donde el Gobierno cumple más y mejor de todas las medidas analizadas. A través de distintas tecnologías, la totalidad del territorio puede tener servicio de internet a alta velocidad, de acuerdo con los datos del último Informe de Cobertura de Banda Ancha en España, que cuenta con datos de junio de 2024.

En el campo de las redes móviles, el despliegue del 5G ya cubre a más del 95% de la población a nivel nacional, si bien en las áreas rurales la cifra es 15,75 puntos más baja.

Respecto a la red fija en los hogares, la fibra óptica (FTTH) ya llega al 94,79%, lo que coloca a España en la vanguardia de la UE.

Para los lugares donde no llega la banda ancha, Hispasat gestiona un servicio de banda ancha vía satélite que ofrece conexión a internet de 200 Mbps, suficiente para la mayoría de hogares y pymes.

Como negocios, muchas no son rentables, pero como servicio público, son un recurso imprescindible para fijar población en el medio rural: nadie quiere vivir donde deba recorrer decenas de kilómetros para comprar una caja de ibuprofeno.

Dentro de sus medidas para combatir la brecha campo-ciudad, el PSOE planteó el 23-J "impulsar el sostenimiento económico" de las boticas de municipios de menos de 1.000 habitantes.

A día de hoy, la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) lamenta que "no existe ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno central ni de los autonómicos más allá de los importes que reciben por el Real Decreto 823/2008". Estas ayudas, que existen desde 2012, pueden llegar hasta 979,16 euros para las farmacias que menos facturen al SNS y que se encuentren en municipios de menos de 1.500 habitantes. Sefar considera estos importes como "anecdóticos" y calcula que en los últimos cinco años se han cerrado "cerca de un centenar de pequeñas farmacias rurales".

En Sanidad –cartera controlada por Sumar– confirman que a nivel estatal no hay más ayudas y pasa la pelota a las comunidades autónomas.

Si se analiza la trayectoria que llevan hasta ahora y se tiene en cuenta el distanciamiento con los ex convergentes, tanto Sánchez como Díaz seguirán acumulando más insuficientes que sobresalientes en su cartilla de calificaciones. Además, con el objetivo puesto en agotar su mandato y celebrar el fin de curso, el panorama para ambos se complica aún más si quieren aprobar el curso y pasar de etapa con los deberes hechos y aprobados.