Se mensajeó con Leire Díez la misma mañana de domingo en que, tras la publicación por este diario de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, se ordenó abrir una investigación interna contra la unidad que investiga las causas que afectan al PSOE
EUROPA PRESS
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La comparecencia de Mercedes González hoy en el Senado debe servir para aclarar si la directora general de la Guardia Civil actuó al servicio de la institución que encabeza o si, como apuntan todos los indicios, lo hizo al servicio de la trama socialista que pretendió desacreditar a la Unidad Central Operativa. El último informe de la UCO eleva un peldaño más la gravedad del caso Cloacas: González y Leire Díez se mensajearon la misma mañana de domingo en que, tras la publicación por parte de este diario de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, se ordenó abrir una extraña investigación interna contra la unidad que investiga las causas que afectan al PSOE, al Ejecutivo y al entorno de Sánchez.
El dato es demoledor. Incluso después de saberse que González mintió al afirmar que nunca se había reunido con la fontanera, cuando en realidad lo había hecho en al menos dos ocasiones, tal y como tuvo que reconocer. Lo que ahora acredita la UCO es un intercambio operativo de mensajes a las 9.16 horas de la mañana del 11 de mayo de 2025 y, apenas dos horas después, la activación de una investigación interna contra los agentes. Resulta imposible despachar esa secuencia como una coincidencia irrelevante. Más aún cuando el propio informe señala que uno de esos rastros es compatible con el borrado de una conversación previa y que González activó en ese mismo chat la desaparición automática de mensajes.
Quien ostenta la mayor responsabilidad de la Guardia Civil ha mantenido comunicaciones opacas con quien ha resultado investigada por integrar una presunta organización criminal dedicada a sabotear causas judiciales sensibles. Y tras esos mensajes, impulsó diligencias contra los agentes que investigan al poder. La sospecha ya no es sólo política: afecta al núcleo institucional. Si quien debe proteger a la UCO participa, directa o indirectamente, en una operación para amedrentarla, el Ministerio del Interior queda convertido en un instrumento de guerra sucia.
González está obligada a aclarar qué habló con Leire Díez, por qué borró esos mensajes y si informó de todo ello a Fernando Grande-Marlaska o a Pedro Sánchez. Una institución esencial del Estado no puede estar dirigida bajo la sombra de la cloaca.