Pedro Sánchez ha sustituido la legitimidad democrática por la épica de la resistencia
Pedro Sánchez, este pasado lunes en la Fundación Ortega-Marañón.
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La decisión de PSOE y Sumar de utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir que la Cámara vote una iniciativa que insta a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales retrata la situación terminal de la legislatura. El Gobierno ya no sólo carece de mayoría estable, de Presupuestos y de autoridad política; también teme que el Parlamento escenifique aquello que resulta evidente para cualquier observador imparcial: que el presidente ha perdido la confianza de la representación de la ciudadanía. Sánchez ha sustituido la legitimidad democrática por la épica de la resistencia.
La enmienda registrada por Junts a una moción del PP no tenía efectos jurídicos vinculantes. Lo relevante era su valor político: permitir que el Congreso expresara si considera agotada la legislatura y si entiende que la salida democrática pasa por devolver la palabra a los españoles. PSOE y Sumar han vetado esa posibilidad alegando invasión competencial. Es ridículo: la propia Cámara ha debatido en otras ocasiones iniciativas sin efecto jurídico directo sobre materias que no dependían en absoluto de ella, como la situación en Gaza. La diferencia es obvia: entonces convenía administrar el conflicto; ahora se trata de evitar la imagen devastadora de un Ejecutivo que gobierna a espaldas de las Cortes.
Junts protagoniza, en todo caso, una escenificación calculada. Difícilmente dejará caer a Sánchez mientras pueda seguir extrayendo cesiones del Gobierno. Pero el solo hecho de que sus socios impulsen una votación sobre elecciones anticipadas evidencia hasta qué punto aumenta la debilidad del Ejecutivo. La legislatura se sostiene ya sobre una ficción: un presidente sin respaldo suficiente se aferra al cargo mientras sus aliados continúan cautivos del proyecto disolvente de España que todos comparten.
La maniobra parlamentaria llega, además, en una semana de infarto judicial para el Gobierno. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, negó ayer en el Senado cualquier actuación irregular pese a que la UCO ha acreditado sus contactos con Leire Díez la misma mañana en que activó una investigación interna contra la propia unidad. González ocultó los mensajes que borró cuando ya era perfectamente conocedora de la operación de la fontanera socialista contra los agentes que investigaban al entorno del presidente. A ello se suma el arranque, hoy, de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, después de su nueva imputación por contrabando y delito fiscal debido a las joyas ocultas que la Policía halló en su caja fuerte y que valdrían al menos 1,3 millones de euros.
El Gobierno pretende convertir cada controversia en un episodio aislado y cada petición de elecciones en una maniobra de la oposición. Pero la acumulación de causas, la parálisis legislativa y el servilismo de Francina Armengol apuntan en la misma dirección: Sánchez gobierna contra la evidencia de su agotamiento. Si conserva la confianza de la Cámara, debería permitir que se compruebe políticamente. Si no la conserva, ha de convocar elecciones.