Actualizado Miércoles, 17 junio 2026 - 23:22

Cuando los líderes europeos se reúnen para debatir el futuro del continente, la agenda está invariablemente dominada por un catálogo familiar de crisis: estancamiento industrial, retraso en la competitividad, degradación ambiental, vulnerabilidades de seguridad y una creciente brecha de capacidades. Pero este planteamiento pasa por alto una realidad más profunda: Europa no solo se enfrenta a la competencia económica y geopolítica, sino que opera dentro de una guerra cultural cada vez más intensa sobre los relatos, el significado y la pertenencia.

Aunque la respuesta política por defecto suele ser instintivamente vertical, ya sea ajustando regulaciones, modificando requisitos de capital o desplegando ayudas estatales, este enfoque tecnocrático pasa por alto con frecuencia una verdad histórica fundamental: las ideas europeas más transformadoras y capaces de cambiar paradigmas no nacieron en los pasillos de Bruselas o de los ministerios nacionales, sino en la sociedad civil.

En momentos decisivos, han sido las infraestructuras cívicas y culturales las que han traducido valores abstractos en realidades vividas. Un buen ejemplo es el programa Erasmus, que cumple 40 años el próximo año.

Hoy, Erasmus es reconocido como un pilar clave de la integración europea, un marco institucional que permite a millones de jóvenes experimentar el aprendizaje transfronterizo. Es una manifestación tangible de una Europa integrada. Su éxito no reside únicamente en la movilidad, sino en su significado. Erasmus ayudó a construir un sentimiento europeo de pertenencia, algo que no puede legislarse, sino que debe cultivarse mediante experiencias vividas, relaciones e intercambio cultural.

Cuando cayó el Muro de Berlín, la reconciliación entre el Este y el Oeste dependió de algo más que la diplomacia de alto nivel. Tuvo éxito porque las redes de la sociedad civil y culturales de ambos lados habían dedicado años a fomentar relaciones de base. Del mismo modo, el éxito de la gran ampliación de la Unión Europea en 2004 fue más allá de la retórica política gracias a intercambios culturales de larga duración que contribuyeron a construir infraestructuras cívicas independientes en toda la región.

Sin embargo, a pesar de su papel histórico en la configuración de la Europa moderna, muchas de estas instituciones, centros de pensamiento y redes cívicas afrontan un creciente acoso administrativo, llamamientos a retirarles financiación y legislaciones restrictivas sobre financiación extranjera diseñadas para limitar el debate público independiente.

Las señales de alarma se encienden en toda la UE-27. Desde el uso agresivo por parte de Hungría de su Oficina de Protección de la Soberanía y los esfuerzos legislativos de Eslovaquia para etiquetar a las ONG como «organizaciones con apoyo extranjero», hasta la creación por parte del Parlamento Europeo de un controvertido Grupo de Trabajo de Supervisión diseñado específicamente para cuestionar y deslegitimar la financiación del tercer sector bajo la apariencia de medidas contra los grupos de presión, el modelo de restricción del espacio cívico se está expandiendo rápidamente.

Estos acontecimientos no deben considerarse tendencias aisladas o puramente burocráticas. Cada vez más, los ataques contra la sociedad civil, la cultura y los medios independientes son estratégicos y buscan erosionar los espacios donde las sociedades negocian significados, generan confianza y forman identidades compartidas. Debilitar estas infraestructuras es una forma de desestabilizar los sistemas democráticos desde dentro sin cruzar una sola frontera física.

Incluso en democracias históricamente estables como Austria, Francia, Alemania y el Reino Unido, los organismos independientes de vigilancia y los espacios culturales afrontan una presión creciente a medida que las investigaciones parlamentarias y las auditorías de «neutralidad política» se utilizan contra sus actividades. La ambición no es solo silenciar la disidencia interna, sino aislar comunidades, detener programas de integración y fracturar las mismas poblaciones que iniciativas como Erasmus han dedicado décadas a conectar. Las implicaciones estratégicas de permitir que esto ocurra en Europa son profundas.

Los gobiernos y las organizaciones internacionales son, por su propia estructura, reacios al riesgo, propensos al pensamiento grupal y están condicionados por ciclos electorales de corto plazo, lo que los hace poco adecuados para innovar por sí solos frente a crisis multidimensionales. Dependen de ecosistemas cívicos y culturales independientes para aportar soluciones alternativas al debate público, reducir las brechas de confianza y ampliar el abanico de respuestas posibles.

La sociedad civil destaca precisamente en este ámbito, al asumir riesgos operativos a nivel local y tender puentes de confianza entre ciudadanos e instituciones. Es algo que los gobiernos no pueden reproducir.

En este sentido, la sociedad civil y las infraestructuras culturales funcionan como el sistema inmunitario democrático de Europa, sosteniendo la resiliencia, mediando diferencias y reforzando la legitimidad.

Defender las fundaciones independientes no es, por tanto, una cuestión de caridad progresista o sentimentalismo cultural. Es una necesidad geopolítica y un requisito previo para la innovación estructural.

Ante amenazas sistémicas, muchos actores de este ámbito recurren a la preservación histórica para reforzar su legitimidad. Varias colecciones clave que documentan cómo las fundaciones filantrópicas construyeron la arquitectura intelectual de la Europa de posguerra abrirán pronto al público en los Archivos Históricos de la Unión Europea (HAEU) de Florencia. Estos fondos, que incluyen correspondencia y sesiones de reflexión de algunos de los principales pensadores y grupos de incidencia del continente, hacen más que ilustrar logros pasados. Aportan una prueba empírica de que el sector cívico actúa como el laboratorio esencial de investigación y desarrollo de Europa, incubando ideas hasta que son lo bastante maduras para que los Estados las adopten y amplíen.

Este modelo histórico es precisamente lo que las políticas actuales de la UE deben proteger mediante reformas estructurales. En lugar de repetir lugares comunes sobre los valores europeos, los líderes deben proteger activamente las redes independientes que los generan, empezando por su seguridad financiera.

Para lograrlo, deberían introducirse sólidas garantías de financiación en el presupuesto plurianual de miles de millones de euros de la Unión para asegurar que pilares estratégicos como el fondo científico Horizon Europe o el veterano programa cultural Europa Creativa no puedan ser utilizados de forma ideológica para excluir a actores independientes.

También debería ser prioritario establecer mecanismos jurídicos firmes y eficaces para supervisar y sancionar a los Estados miembros que utilicen restricciones burocráticas para debilitar a fundaciones y ONG independientes. Pero las medidas defensivas también deben ir acompañadas de integración estructural y de la creación de canales institucionales formales, como la iniciativa AgoraEU, que constituyan la columna vertebral de un ecosistema europeo orientado al interés público y capaz de moldear tanto los relatos como las políticas, y a través del cual los responsables políticos puedan incorporar de forma sistemática ideas probadas sobre el terreno a la toma de decisiones de la UE.

Hace casi cuarenta años, una singular colaboración filantrópica y pública hizo posible el programa Erasmus, demostrando que la imaginación podía imponerse a las barreras institucionales. Ante la intensa competencia internacional actual, los líderes europeos deben comprender que no pueden defender la democracia y la innovación en el exterior si permiten que los artífices de esos éxitos sean silenciados en casa.