Con su declaración, repleta de evasivas, el ex presidente fue incapaz de refutar los rotundos indicios de criminalidad que observa el juez Calama
José Luis Rodríguez Zapatero, tras su declaración.EFE
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La anomalía permanente en la que ha encallado esta legislatura, asaeteada por la corrupción, no puede opacar el hecho insólito de que por primera vez un ex presidente del Gobierno haya comparecido en sede judicial en calidad de investigado.
José Luis Rodríguez Zapatero, al que el juez José Luis Calama sitúa como líder de una estructura criminal «jerarquizada» en el marco del caso Plus Ultra, fue incapaz ayer en la Audiencia Nacional de refutar uno solo de los rotundos indicios que, según el juez, pesan sobre él. Ni disipó dudas sobre su presunto papel como comisionista internacional ni detalló el origen de las valiosas joyas incautadas en su despacho y que han destruido su credibilidad como referente ético de la izquierda.
Zapatero, al que Calama atribuye la comisión de al menos cuatro delitos -tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y contrabando-, optó por responder únicamente al instructor y a su defensa, y no a la Fiscalía Anticorrupción, que pidió retirarle el pasaporte de forma cautelar. El magistrado, que ya descartó registrar el domicilio de Zapatero, lo rechazó al considerar que la «pública notoriedad» del ex presidente limita su riesgo de fuga. La exquisita prudencia de Calama no solapa la deficiente defensa que llevó a cabo el imputado. En su auto, el juez sostiene que Zapatero «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» recopilados en su contra.
La declaración del ex presidente fue una concatenación de evasivas. Como adelantó EL MUNDO, Zapatero se desvinculó del entramado offshore atribuido a su presunto testaferro Julio Martínez Martínez, dueño formal de Análisis Relevante. Negó haber influido en el rescate de Plus Ultra y dijo «no recordar» hechos clave en la investigación, como la comida en la que, según la Udef, se habría pactado crear una sociedad pantalla en Dubái para canalizar la comisión vinculada a aquella operación. Tampoco fue capaz de ofrecer detalles sobre los supuestos informes, escritos y verbales, por los que cobraba. Y llegó a afirmar que a China sólo ha viajado para dar conferencias.
Su relato fue inverosímil. Por eso las sospechas solo pueden acrecentarse. Tras escucharle, Calama subrayó la abrumadora suma de indicios que le cercan, y que van mucho más allá de las conversaciones halladas por EEUU en el móvil del venezolano Rodolfo Reyes, a las que el Gobierno se aferra para abonar la tesis conspiranoica de una supuesta represalia de Donald Trump. En realidad, el elemento incriminatorio más elocuente es la trazabilidad de los pagos de la trama: todos fueron a parar a Zapatero y a la empresa de sus hijas.
Desde el punto de vista político, el Gobierno no ha encontrado un balón de oxígeno en la testifical de Zapatero, a quien Sánchez ha brindado públicamente todo su apoyo. Restaurar la «confianza» en el ex presidente, como él mismo pide, parece una misión imposible cuando solo se aportan palabras huecas. Las tan prometidas explicaciones, profusas y coherentes, siguen sin comparecer.