A diferencia de la mayoría de los periodistas, que consideran que un funcionario anónimo es caza menor, Rafael Méndez lleva mucho tiempo indagando con pericia y constancia en los negocios y en los apellidos compuestos de los abogados del Estado y de los letrados de las Cortes o del Consejo de Estado, ese arcano fosilizado. Fruto de esta experiencia brota Los dueños del Estado (Península), un ensayo bien hilvanado y aún mejor documentado sobre los cuerpos que «mueven los hilos del poder en España».

Este entrecomillado no es exagerado. "Desde el corazón de la maquinaria del sistema -escribe-, informan sobre las leyes y los reglamentos, son los que conocen quién sabe qué y a quién llamar, qué tecla hay que tocar para afinar un proyecto o para hacerlo descarrilar, cuáles son los agujeros negros que siempre quedan en las leyes y cómo sortearlas". Su profundo conocimiento del sistema les permite tejer unas redes apreciadas por el sector privado. De hecho, 13 de las 35 empresas del Ibex tienen abogados del Estado como secretarios del consejo. Jaime Pérez Renovales pasó en 2015, de un día para otro, de secretario general de Presidencia a secretario del consejo de administración del Santander. "Si tus resultados se ven afectados, en mayor o menor medida, por el Gobierno y sus decisiones, qué mejor que tener a mano a alguien que conozca bien los resortes del poder". Esto es posible porque la ley de la Administración Pública ampara un régimen de incompatibilidades que apenas se ha tocado desde 1984. Jordi Sevilla amagó con reformarlo, pero el hoy aspirante a regenerar el PSOE prefirió irse a Red Eléctrica.

En nuestro país hay 663 abogados del Estado. Entre ellos, José Luis Martínez-Almeida, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Macarena Olona, Jorge Buxadé, Pablo Isla o Mario Conde.La oposición es durísima. Cinco exámenes en seis meses y 465 temas, incluidos de derecho penal, civil, administrativo o laboral. La norma está pensada para retener a cualificados empleados públicos que, a menudo, acaban seducidos por la proyección y los sueldazos que les ofrecen los grandes despachos. Sin embargo, ha generado un agujero por el que se cuelan «listos» con un pie en la pública y otro en la privada. El autor no ahorra nombres. Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes y socio de un bufete, ha sido presidente del Tribunal Administrativo del Deporte y ahora es vocal del TC a propuesta del PP. Pablo Mayor, hijo de Federico Mayor Zaragoza, tras haber sido secretario general técnico de Fomento, asesoraba a empresas de las radiales quebradas. Catalina Miñarro Brugarolas (Mapfre), la única mujer en la junta del Real Madrid, era a la vez consejera de una empresa del Ibex y abogada del Estado en la Audiencia Nacional. Rosa Seoane -quien sustituyó a Edmundo Bal para rebajar la acusación a los líderes del procés- pasó de defender al Estado ante las eléctricas por la continuidad de Garoña a defender a Iberdrola por inflar el precio de la luz.

Méndez evita hacer una enmienda a la totalidad al sistema de los altos funcionarios, pero sí arroja luz sobre aquellos que pleitean contra el mismo Estado al que desangran. La conclusión demoledora para el interés general es que la falta de ética no es patrimonio exclusivo de los políticos.