Esta organización criminal ha creado, a partir del PSOE, un Estado dentro del Estado
Félix Bolaños, ministro de Justicia, junto a Teresa Peramato, fiscal general del Estado.MUNDO
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Si la Fiscalía General del Estado no fuera la punta de lanza del golpe de Estado, como ha demostrado desde la llegada de Dolores Delgado, esposa del juez prevaricador Baltasar Garzón, condenado por el Supremo; el de su sucesor García Ortiz, también condenado por el Supremo; y el de Paramato, digna descendiente de tan indignos predecesores, a estas horas habría pedido prisión provisional a la espera de juicio, por evidente riesgo de fuga, para la directora general de la Guardia Civil, su general Llamas, Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Teresa Ribera, Bolaños, Zapatero y, naturalmente, Pedro Sánchez.
Es evidentísimo que, contando con la segura complicidad de Conde-Pumpido, esta organización criminal ha creado, a partir del PSOE, un Estado dentro del Estado; ha tomado las cúpulas de la Policía y de la Guardia Civil, y los más conspicuos ministerios: el de Obras Públicas, Sobrinas y Coimas, el de Economía de la Señorita Pepis, el de Hacienda y Policía Política fiscal, el de Transición Ecológica y Corrupción Sostenible, el de Sanidad en huelga, el de Mujer desprotegida, los de Educación zafia y Cultura lerda; y, claro está, la televisión pública, que es lo primero que toman siempre los golpistas.
Si parece exagerado es porque nos hemos acostumbrado a que los delitos del Ejecutivo, empezando por la invasión de los poderes legislativo y judicial, sean el escándalo nuestro de cada día. Pero, insisto, si en España hubiera un Ministerio Público digno de ese nombre, habría puesto en marcha una Tangentópoli a cuyo lado la de Italia sería una envejecida aventurilla judicial.
Lo novedoso en el golpe de Estado sanchista, que a Sánchez obedece y en su nombre se perpetran todos los delitos, es que no ataca el poder legítimo desde fuera, sino que ha creado un Estado en la sombra desde dentro de cada ministerio: la cúpula de la Guardia Civil persigue a la UCO; el ministro del Interior desmantela o persigue a la Policía Nacional; la Fiscalía General del Estado persigue, castiga y arrincona a los fiscales honrados; el ministro de Justicia acosa al Gobierno de los jueces; los sicarios mediáticos de Sánchez calumnian y difaman al que moleste al caudillo y su estirpe; y, en fin, el Tribunal Constitucional vulnera minuciosamente la Constitución.
Cuando los delitos se preparan en Moncloa, cuando el chantaje, el soborno, la difamación y todos los ataques a la dignidad y la libertad de los españoles se hacen a plena luz del día, el Ministerio Público debería acudir en auxilio de los ciudadanos indefensos. Y lo hace para rematarlos.