La regulación puede aliviar tensiones puntuales, pero no corrige un desequilibrio estructural entre oferta y demanda
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.EFE
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Toda política pública debe someterse a la prueba de la realidad. Cataluña, convertida en el principal laboratorio español de intervención en vivienda, ofrece un balance difícil de ignorar. Tras años de restricciones y nuevas obligaciones regulatorias, la crisis de acceso al alquiler no remite.
La lógica del control de rentas es seductora: ante alquileres elevados, el poder público protege al inquilino. Pero contener precios no crea viviendas. La regulación puede aliviar tensiones puntuales, pero no corrige un desequilibrio estructural entre oferta y demanda.
En Cataluña, desde 2021 la oferta de alquiler ha caído de forma acusada, más del 40% en Barcelona capital, mientras en Madrid se mantiene o incluso crece ligeramente, aunque con subida de precios. El resultado es menos pisos disponibles y mayores barreras de acceso para los nuevos inquilinos. Los ya instalados ganan estabilidad; los que llegan ahora sufren la estrechez del mercado mientras esperan las 50.000 viviendas públicas que Salvador Illa ha prometido construir hasta 2030.
Como en toda España, el problema de fondo sigue siendo la escasez de vivienda. Cataluña acumula un déficit superior a 140.000 pisos en cinco años. La población ha crecido mucho más rápido que la construcción. No existe magia regulatoria capaz de compensar ese desequilibrio.
A ello se añade la distorsión que generan los pisos turísticos. Su prohibición impulsada por el alcalde Jaume Collboni va en la dirección correcta al dar prioridad al uso residencial. Pero el reto ahora es lograr que esos inmuebles regresen al alquiler. Y eso exige confianza. Si el propietario percibe un entorno cada vez más hostil, puede vender, mantener el piso vacío o buscar fórmulas alternativas.
«No se puede ahogar al mercado inmobiliario con sanciones a los propietarios», ha dicho Cristina Vallejo, decana del Colegio de Abogados. Tiene razón. Medidas como rebajar el umbral de gran tenedor a cinco viviendas o endurecer el régimen sancionador no favorecen la confianza. Determinada izquierda confunde coerción con eficacia.
Conviene abandonar los simplismos morales. Muchos propietarios no son actores especulativos, sino particulares que han invertido en el ladrillo.
La vivienda exige pragmatismo. La buena o mala política no se mide por sus intenciones, sino por sus efectos. Y el balance del laboratorio catalán es inequívoco: más regulación, menos oferta y el mismo problema de fondo.