Nuestra clase política sigue sin querer atarse al mástil de la integridad
Agentes de la UCO, en la sede del PSOE en Ferraz.EFE
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Hay un bucle diabólico para nuestra democracia que va desde el caso Kitchen -donde se juzga al PP, entonces partido en el gobierno, por valerse de la policía para quitarse la corrupción de encima- al sumario de la cloaca del PSOE -donde el juez Pedraz investiga al ahora partido del gobierno por querer quitarse a la policía de encima en los casos judiciales que le afectan.
En el 40º aniversario de nuestra adhesión a la Unión Europea, estos casos dañan nuestra imagen internacional y contribuyen a revivir todos los estereotipos que tanto ha costado desmontar sobre los déficits democráticos, institucionales y morales de los países del sur de Europa. Nos dibujan ante nuestros socios europeos como un país con escasos estándares éticos donde, como señalan en su último libro Joaquím Bosch (magistrado) y Fernando Jiménez (politólogo experto en la materia), la corrupción es un «problema enquistado».
Lo peor es que, como señalan Bosch y Jiménez, si el problema está enquistado lo es por decisión propia. El proceso de europeización de España ha permitido realizar numerosísimas reformas y cambiar culturas y hábitos que pensábamos consustanciales al ser español. Pero, nuestra clase política sigue sin querer atarse al mástil de la integridad.
Sigue sin querer descolonizar la Administración Pública, destruyendo los incentivos de los funcionarios para ascender por el puro mérito, en lugar de gracias al compadreo político. Sigue dejando que la contratación pública pueda ser manipulada por los cargos políticos, ignorando las baremaciones de los expertos. Sigue sin renunciar a repartirse las empresas públicas como un botín en el que colocar a sus militantes, en lugar de convocar concursos públicos para nombrar a sus altos cargos. Sigue queriendo nombrar a jueces y fiscales por criterios ideológicos, para luego quejarse de lawfare. Sigue sin hacer públicos los registros de visitas a los Ministerios, como se hace en Bruselas, ni crear registros de intereses que hagan transparentes las actividades de lobby. Y sigue sin democratizar la vida interna de los partidos para que haya pluralidad y rendición de cuentas interna. Conectar la línea de puntos es fácil: lleva a dibujar una democracia disminuida con un Estado de Derecho sostenido por cuatro jueces, tres policías y unas gotas de periodismo.