La fiscal general no puede diluir con palabras vacías un ataque a las más altas instituciones del Estado

Actualizado Lunes, 15 junio 2026 - 00:20

Hace algo más de dos años, el entonces fiscal general del Estado redactó una nota de prensa e instó su difusión pública en su tesis para desmentir bulos y preservar la dignidad del Ministerio Fiscal, aclarando de dónde había partido la iniciativa de llegar a una conformidad en un concreto procedimiento penal. Todo ello se culminó en apenas unas horas durante la trepidante tarde-noche del 13 de marzo de 2024. Omitimos los detalles para no resultar aburridos, dado que son de conocimiento general y forman parte de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a aquel mismo fiscal general del Estado por delito de revelación de datos reservados.

Más de una semana de que se conocieran los numerosos datos comprometedores para la Fiscalía General del Estado que obran en el procedimiento penal seguido en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y conocido como caso Leire, ha tardado la actual fiscal general del Estado en referirse a esta cuestión. No la ha guiado la intención de dar explicaciones a la carrera fiscal, que contempla con estupefacción un nuevo episodio vergonzante para nuestra institución; tampoco por verse compelida a responder ante la sociedad española, cuyo crédito en el Ministerio Fiscal es base de nuestra legitimidad constitucional.

La fiscal general del Estado ha contestado a un requerimiento de información que le ha dirigido un juez de instrucción. La agencia de noticias Efe y, tras ella, todos los medios de comunicación han dado cuenta de un escrito que, lejos de despejar dudas, proyecta numerosas sombras, por más que en el mismo se haga un ejercicio de autoelogio, pregonando una inexistente transparencia y un deseo de colaboración con la Justicia que resulta vago.

En la más absoluta indeterminación quedan cuestiones esenciales tales como el modo en que se concertaron las reuniones que se celebraron en la Fiscalía General del Estado, qué asunto se pretendía tratar, por qué la exposición de hechos presuntamente delictivos no fue recogida en una denuncia a la que poder dar el cauce estatutario de unas diligencias de investigación, por qué no ha quedado constancia de la presencia de tales personas en el libro-registro de visitas que tiene habilitado a tal fin la sede de la Fiscalía General del Estado en la calle Fortuny y por qué se informó al fiscal general del Estado de unas reuniones que, al parecer de la Fiscalía General del Estado, no tuvieron ninguna relevancia, o a qué orden no dada por este se refiere el escrito. Resulta desolador que la fiscal general del Estado no asumiera la responsabilidad que le incumbe desde el primer momento en el que la honestidad de nuestra institución fue nuevamente vilipendiada y que solo, mediando requerimiento de un juez de instrucción en el seno de unas diligencias previas, se haya decidido a esbozar unas cuantas palabras que solo acrecientan la desconfianza y dan alas a las sospechas.

Su posición imponía haber levantado la voz para, de manera alta y clara, decir que en la trama que es objeto de investigación judicial aparecen fiscales que fueron objeto, esto es, posibles víctimas de una organización criminal, y otros que habrían mantenido contactos con miembros de esa organización criminal. Que los primeros merecen el amparo de la Fiscalía General del Estado y que, respecto a los segundos, asumía el compromiso ante la sociedad de aclarar todas las circunstancias de tales reuniones.

El ataque a las más altas instituciones del Estado no es una cuestión que pueda esquivarse si se ostenta la condición de fiscal general del Estado, ni diluirse con palabras vacías de contenido que tratan de ocultar una realidad que se adivina tenebrosa.

Si, además, ese ataque supone la instrumentalización de la Fiscalía, convirtiéndola en ariete con el que arremeter contra el Estado de Derecho, y la respuesta forzada es insustancial, la convicción en nuestra arquitectura constitucional aparece desdibujada.

Excelentísima señora fiscal general del Estado, Teresa Peramato, responda ante la sociedad, ante el Estado de Derecho del que usted misma es pieza clave y ante los miembros del Ministerio Fiscal, exponiendo su clara determinación para esclarecer este oscuro episodio, restaurando la dignidad y el honor que otros creyeron suyos. No espere a que escampe, porque la temporada de lluvias se prevé larga y dejará a la institución sumida en una profunda ciénaga si usted no lo remedia.