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En un movimiento estratégico para la integración social y laboral, se ha activado un proceso de regularización masiva de extranjeros que permitirá a miles de personas obtener un permiso de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año. Esta medida busca dar estabilidad jurídica a quienes ya residen en territorio nacional, estableciendo como fecha límite para presentar las solicitudes el próximo 30 de junio de este año.
El proceso distingue dos grandes grupos de beneficiarios con requisitos específicos. Para los solicitantes de asilo, las condiciones exigen haber ingresado en España antes del 1 de enero de 2026. Además, es imprescindible carecer de antecedentes penales, tanto en España como en su país de origen, y acreditar fehacientemente que han permanecido en el país al menos cinco meses antes de iniciar el trámite.
Por otro lado, para aquellos ciudadanos que no hayan sido solicitantes de asilo, se ha habilitado la vía del arraigo extraordinario. En este supuesto, los interesados deben acreditar el cumplimiento de condiciones relacionadas con su entorno personal o laboral. Entre ellas destaca la convivencia en el mismo domicilio con su unidad familiar, ya sea con hijos menores, hijos mayores con discapacidad o progenitores. Asimismo, se facilita la regularización a quienes demuestren un vínculo con el mercado laboral: será necesario haber trabajado previamente en España o, en su defecto, presentar un contrato de trabajo o una declaración responsable en el caso de trabajadores autónomos.
Finalmente, la normativa presta especial atención a los colectivos más desprotegidos al permitir la regularización por situación de vulnerabilidad. Esta condición deberá acreditarse mediante un certificado oficial emitido por los servicios sociales o por determinadas ONG autorizadas. Este decreto llega en un momento de gran sensibilidad política respecto al control migratorio y la seguridad ciudadana.