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Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han anunciado este lunes un acuerdo de calado para reformar el Código Penal. El pacto contempla la eliminación de los delitos de injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensas a los sentimientos religiosos. Esta medida supone el desbloqueo de una proposición de ley presentada por Sumar en diciembre de 2023, la cual había permanecido congelada en comisión hasta ahora. Los grupos parlamentarios confían en que la reforma sea aprobada en el Congreso antes del verano para ser remitida posteriormente al Senado.
La reforma implica la derogación de los artículos 490 y 491, eliminando la "hiperprotección" penal que hasta ahora blindaba a la Familia Real frente a difamaciones, otorgándoles el mismo régimen de defensa que al resto de la ciudadanía. Asimismo, se suprime el artículo 525, referido al escarnio de dogmas religiosos, y el 543, que castiga con multas los ultrajes a la bandera de España. El acuerdo también fulmina el delito de injurias a las Cortes Generales y a las altas instituciones del Estado, incluyendo al Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Para materializar este consenso, Sumar ha cedido en un punto crítico: la derogación del enaltecimiento del terrorismo, que finalmente se mantendrá intacto en el Código Penal. El PSOE ha defendido su permanencia al considerarlo un asunto "muy sensible" vinculado a la lucha contra el terrorismo yihadista y la protección de las víctimas. No obstante, desde Sumar se justifica el apoyo global al texto para evitar que otros tipos penales sigan siendo utilizados como cauce para perseguir la sátira o el humor.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los portavoces Artemi Rallo y Enrique Santiago, han subrayado que esta reforma busca alinear a España con los estándares internacionales. Rallo recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en tres ocasiones, señalando que la protección penal reforzada del Jefe del Estado es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con este pacto, el Gobierno pretende eliminar la "amenaza" penal sobre artistas, creadores y humoristas, reforzando así el derecho a la crítica en democracia.