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La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entrado en una fase determinante este lunes. Gómez se ha personado en los juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la audiencia preliminar convocada por el magistrado Juan Carlos Peinado, un trámite previo a la decisión de dictar el auto de apertura de juicio oral.
En esta ocasión, el juez fue tajante al exigir que la investigada compareciera "personalmente" en el juzgado 41 de Madrid, bajo el apercibimiento de ser conducida "por la Fuerza Pública" en caso de no hacerlo. Uno de los puntos críticos de la jornada ha sido la resolución sobre la imposición de medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír.
Debido a que los cuatro delitos que se le imputan acarrean penas de hasta 24 años de prisión, el magistrado ha señalado que esta situación "podría provocar alguna conducta tendente a eludir la acción de la Justicia". Entre las restricciones propuestas que el juez debe resolver se encuentran la prohibición de salir de España sin autorización previa, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.
Según las fuentes, el instructor se encargará de determinar si estas medidas son necesarias o si basta con alguna disposición más leve para conjurar el riesgo de fuga. La investigación, que el juez ya da por concluida al considerar que no hace falta practicar nuevas pruebas, se centra en cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
Durante la diligencia, el magistrado "oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento". Mientras que las defensas sostienen que un eventual juicio debería celebrarse ante un juzgado profesional, el instructor se ha mostrado partidario de que sea un jurado popular quien asuma el caso. Junto a Gómez, también han sido convocados a esta audiencia su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La llegada de Begoña Gómez a la sede judicial se ha producido entre fuertes medidas de seguridad, accediendo al edificio a través del garaje en un coche oficial. En el exterior, varias furgonetas de la Policía Nacional custodiaban el perímetro mientras una veintena de personas increpaba a la investigada. A pesar del avance del instructor, el futuro definitivo del procedimiento sigue pendiente de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que tiene en sus manos resolver los recursos de los acusados que reclaman el archivo de la causa. Por el momento, el juez Peinado podría comunicar su decisión sobre la apertura del juicio "en el mismo acto" de la audiencia o en un plazo de tres días.