La organización Cecodap fijó posición frente a la reciente tendencia de los centros educativos en Venezuela, los cuales restringen de forma general el ingreso y uso de teléfonos celulares.

En este sentido, la institución afirma que la preocupación por la convivencia escolar y el bienestar estudiantil es legítima. Sin embargo, cuestiona si las respuestas uniformes y exclusivamente restrictivas respetan el derecho a la educación y el desarrollo de la autonomía de los jóvenes.

El enfoque de derechos frente a la prohibición

Para Cecodap, la discusión no debe limitarse a una elección entre la prohibición absoluta o el uso sin criterios. La organización propone el diseño de reglas escolares que respondan a una finalidad pedagógica y de protección.

Estas normas deben considerar la edad, el nivel de desarrollo y las capacidades evolutivas de los estudiantes. El aprendizaje del uso responsable de la tecnología forma parte del derecho a la educación, por lo que las restricciones generales solo desplazan este desafío fuera del entorno escolar.

Asimismo, la institución evoca la Observación General N.º 25 del Comité de los Derechos del Niño. Este documento internacional señala que la protección en el entorno digital requiere fortalecer la educación digital y formar a los docentes, en lugar de simplemente limitar el acceso a los dispositivos.

La realidad del contexto venezolano

Si bien, el comunicado destaca la necesidad de evaluar la diversidad del país. Cecodap señala la existencia de profundas brechas entre las regiones con conectividad estable y los territorios con fallas eléctricas graves o nulo acceso a internet.

Dentro de este contexto, en zonas rurales o fronterizas, la tecnología representa una oportunidad escasa para el aprendizaje y la comunicación. Por ello, las políticas escolares uniformes corren el riesgo de generar impactos desiguales y desfavorables sobre las poblaciones más vulnerables.

Recomendaciones clave para la comunidad educativa

Ante este panorama, Cecodap ofrece orientaciones prácticas para construir normativas escolares compatibles con los derechos de la infancia:
-Reglas diferenciadas: las escuelas deben sustituir los vetos generales por límites claros según la edad y el momento del día. Esto incluye permitir excepciones por razones de salud, accesibilidad o seguridad.
-Prioridad a la educación digital: las medidas de control deben integrarse en una estrategia más amplia de alfabetización mediática y convivencia en línea, no como una simple acción punitiva.
-Evaluación y difusión: las normas requieren el conocimiento de las familias y revisiones periódicas para medir su impacto real en la convivencia.
-Respuestas pedagógicas ante faltas: los reglamentos deben privilegiar los acuerdos y las acciones restaurativas por encima de las sanciones automáticas o la retención prolongada de los equipos.
-Corresponsabilidad: los docentes necesitan herramientas de gestión tecnológica, mientras que las familias deben evitar los extremos (como la vigilancia total o el desentendimiento) para optar por un acompañamiento progresivo.

Finalmente, Cecodap insta a las autoridades educativas a dictar lineamientos orientadores basados en la evidencia, y pide al sistema de protección que incorpore el entorno digital en sus políticas. La organización concluye que el éxito radica en escuchar la experiencia de los propios estudiantes y fortalecer sus capacidades para un uso seguro y responsable del entorno digital.

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