La reforma judicial y las primeras elecciones de personas juzgadoras impulsadas por la ‘4T’ registran resultados perniciosos para el sistema de administración de justicia y para nuestra democracia. En apenas casi un año de que se instaló el nuevo Poder Judicial el propio oficialismo advierte la gravedad de sus falencias y la necesidad de corregirlas con una iniciativa que aún no se discute, pero que se orienta a establecer requisitos que den mayor solidez técnica a los perfiles de los y las aspirantes y a mejorar el procedimiento establecido en la ley para la organización de las elecciones que, en su primera edición de 2025, tuvieron el más elevado nivel de abstencionismo de la historia reciente, una implementación apresurada plagada de errores, desinformación y el uso ilegal de acordeones.

Si bien los puntos medulares están en diferir las elecciones para que se realicen en 2028 y no en forma simultánea con las elecciones de 2027, y en fortalecer los perfiles de las candidaturas con exámenes y certificaciones de conocimientos y capacidades específicas, existen otros aspectos que no deben soslayarse, como la integración de los llamados comités de evaluación que, tanto los gobiernos morenistas como los de estados de partidos opositores, se integraron con funcionarios del gobierno, diputaciones en funciones o perfiles cercanos al régimen.

Los comités se erigieron como instancias cernidoras de las candidaturas. La sociedad testificó la forma en la que dejaron pasar solo a personas cercanas al gobierno en turno y, en casos extremos muy graves, anularon de facto la posibilidad de la elección al postular a una sola persona para cada cargo en disputa, no existieron opciones para que las y los votantes eligieran, hubo la imposición de una candidatura que, con su voto, podía ganar el cargo, a imagen y semejanza de la inaceptable elección de José López Portillo en 1976. La iniciativa de algunos legisladores morenistas plantea la posibilidad de que haya un comité y no tres, pero eso no resuelve el fondo del asunto, pues lo que debe garantizarse es su integración y funcionamiento absolutamente imparcial, sin personas cercanas al gobierno, con reglas homogéneas de funcionamiento y con absoluta transparencia en las decisiones que tomen.

Hay otros temas que es urgente corregir, como establecer la facultad de una sola instancia, el INE en el ámbito federal y los OPLE en las entidades federativas, para dar inicio a los procesos electorales judiciales e integrar un calendario único que detalle las actividades que corresponden a las demás instancias e indique cuáles son las fechas y plazos fatales en las que deben cumplirse. La revisión de la compleja y deficiente geografía electoral, los mecanismos de información a la ciudadanía sobre los perfiles de las candidaturas, las campañas que desarrollan y un conjunto amplio de temas de la logística electoral; deben, también, definirse reglas claras que garanticen un arbitraje más preciso e imparcial de las autoridades electorales que en 2025 fue casi inexistente y con evidente sesgo partidario en decisiones clave.

Si la ‘4T’ quiere reformar su reciente reforma judicial, tiene que convocar a un periodo extraordinario de sesiones y actuar con responsabilidad de cara al país, abandonar la retórica que encubren falacias y mentiras sobre las elecciones judiciales y aprobar reglas que garanticen la legitimidad y autenticidad de las elecciones judiciales y liberar a las personas juzgadoras que hoy no administran justicia para el pueblo, sino que defienden al partido que los impuso.