La sensible reducción de los homicidios, de alrededor de 20 por ciento en lo que va de la presente administración (porcentaje que resulta de comparar el promedio mensual de homicidios durante los primeros 15 meses de Sheinbaum con este mismo promedio para los 15 meses anteriores), constituye quizás el avance más relevante en materia de seguridad de la última década en México. Esta disminución sostenida de los asesinatos indica que la estrategia que se implementa actualmente merece ser llamada “de alto impacto”. Se trata de un logro que merece reconocimiento.

Sin embargo, precisamente porque la estrategia actual ha generado este resultado positivo, es momento de preguntarnos si la disminución de los homicidios es suficiente para que recuperemos la seguridad. No es el caso: además de la violencia letal, el país enfrenta otros desafíos que, de no ser atendidos con presteza, podrían convertirse en serios riesgos para nuestra gobernabilidad democrática.

El más evidente de estos desafíos es el crecimiento extraordinario de algunas organizaciones criminales, particularmente el CJNG, cuya expansión territorial, capacidad militar, diversificación económica y presencia nacional no tienen precedentes en la historia reciente.

El segundo desafío es la cada vez mayor presencia territorial del crimen organizado en amplias regiones del país. En numerosos municipios, especialmente rurales y suburbanos, los grupos criminales ya no se limitan a traficar drogas o participar en mercados ilícitos tradicionales. Han evolucionado hacia formas más complejas de control social y económico. La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en un sistema de tributación paralela que grava actividades productivas, transporte, comercio, agricultura, construcción y prácticamente cualquier actividad económica que genere ingresos.

Paralelamente, la desaparición de personas ha adquirido una dimensión estructural en algunas regiones. Muchos hombres desaparecen como resultado de procesos de reclutamiento forzado destinados a fortalecer las estructuras operativas de los grupos criminales. Asimismo, muchas mujeres desaparecidas son trasladadas a campamentos criminales para desempeñar funciones diversas, incluidas algunas que implican su explotación sexual. Otras muchas personas desaparecen simplemente porque se resistieron a colaborar con los grupos criminales o no pudieron sufragar alguna modalidad de extorsión.

Estas dinámicas reflejan un problema más profundo que la violencia letal: la consolidación de poderes paralelos capaces de sustituir gradualmente funciones básicas del Estado.

Un tercer gran desafío consiste en el bajo impacto que tiene la disminución delictiva en la percepción pública. Aunque los homicidios disminuyen, amplios sectores de la población continúan sintiéndose inseguros. Este fenómeno es particularmente visible en zonas suburbanas y rurales.

A esto se suma una amenaza aún más preocupante: la infiltración criminal de instituciones políticas y administrativas. El financiamiento ilícito de campañas electorales, la captura de gobiernos municipales, la colocación de operadores criminales en cargos públicos y la influencia de organizaciones delictivas sobre procesos electorales representan riesgos directos para la integridad de nuestro régimen democrático.

La experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales más peligrosas no son aquellas que desafían frontalmente al Estado, sino las que logran confundirse con él, como decía el juez italiano Paolo Borsellino. Cuando la frontera entre autoridad legítima y poder criminal comienza a difuminarse, la amenaza deja de ser un problema de seguridad para convertirse en una amenaza a la viabilidad misma del Estado.

Frente a este escenario, la evolución de la actual estrategia nacional de seguridad resulta indispensable. La reducción de homicidios debe seguir siendo una prioridad, pero ya no debe ser la única.

México necesita complementar ese objetivo con una política dirigida explícitamente al debilitamiento estructural de las organizaciones criminales. Ello implica concentrar mucho mayores recursos en inteligencia financiera, decomisos patrimoniales, combate al lavado de dinero y desarticulación de redes de corrupción política y burocrática.

También exige diseñar métricas más sofisticadas para medir el poder criminal. Deben incorporarse indicadores relacionados, por ejemplo, con control territorial, extorsión, infiltración institucional, reclutamiento forzado y captura económica de mercados legales.

La siguiente etapa de la política de seguridad debe proponerse no solo reducir la violencia, sino recuperar plenamente la autoridad del Estado en los territorios donde ésta se encuentra erosionada.

Para ello será necesario fortalecer policías locales, consolidar capacidades de investigación criminal, construir mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y proteger a las instituciones frente a la infiltración criminal. Será igualmente importante recuperar espacios públicos, proteger actividades económicas vulnerables a la extorsión y ofrecer alternativas atractivas para jóvenes expuestos al reclutamiento criminal.

En su nueva etapa, la eficacia de la estrategia de seguridad no podrá medirse exclusivamente por el número de homicidios registrados cada mes. Deberá medirse también por la capacidad que tengan los ciudadanos para convivir sin miedos, para trabajar y emprender, y para participar políticamente y ejercer sus derechos sin interferencia del tentáculo criminal.

La reducción de los homicidios ha abierto una oportunidad histórica. Aprovecharla exige reconocer que el desafío actual ya no consiste únicamente en contener o disminuir la violencia, sino en impedir que organizaciones criminales cada vez más sofisticadas continúen acumulando poder económico y político, en un número cada vez mayor de territorios.