Un miércoles por la mañana, Lucía acomodaba las tijeras que acababan de llegar a su papelería. Estaba tan entretenida en ello que apenas movió el rostro cuando sonó el timbre. Notó la silueta de tres personas —Bienvenidos, dijo automáticamente.
Pasaron pocos segundos para que un manotazo en el mostrador la sacara de su trance. Iba a levantar la mirada cuando sintió un jalón de cabello que llevó su rostro al techo. —Abre la caja, ¡rápido!, escuchó. El agarre ahora empujaba todo su cuerpo hacia la caja registradora. Al llegar, la desbloqueó rápidamente y, tan pronto lo hizo, un golpe la derribó.
Al recuperar la consciencia, se levantó y notó que todo el efectivo había desaparecido. Casi instantáneamente, se enfrentó a la siguiente pregunta: ¿denuncio?
Lucía replicó el cuestionamiento que hacen millones de mexicanas y mexicanos, pues sabe que llegar al Ministerio Público, esperar turno, narrar los hechos, ratificar y firmar le tomará el resto del día. En promedio, calcula Impunidad Cero, casi dos horas y media. Sabe, por lo que ha escuchado de locatarios vecinos, que el agente estará rebasado, que su caso será uno más en una pila y que la carpeta – si se abre – probablemente quedará detenida. Y entonces, decide lo mismo que nueve de cada diez víctimas en México: no denuncia.
Según la ENVIPE 2025 del INEGI, de los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024 sólo se denunció el 9.6 por ciento: alrededor de 3.2 millones. De esos, el Ministerio Público abrió carpeta de investigación en 70.5 por ciento, de modo que el 93.2 por ciento de los delitos no se investigó. Eso es lo que se conoce como cifra negra.
Similar al caso de Lucía, cuando el INEGI pregunta por qué no se denuncia, la primera respuesta es la pérdida de tiempo (34.6 por ciento); seguida por la idea de que el trámite es largo y difícil (10.2 por ciento). En conjunto, casi la mitad de las razones para no denunciar no tienen que ver con la gravedad del delito ni con el terror a las personas agresoras, sino con la burocracia del trámite.
Incluso la directora de Impunidad Cero, Irene Tello, ha insistido en que la impunidad no se explica tanto por el sistema penal acusatorio, sino más bien por las carpetas mal integradas, que son los casos que “se caen” porque no fueron bien armados.
Hagamos el experimento de trasladar el caso ficticio de Lucía a otras latitudes, que llevan años utilizando inteligencia artificial en la procuración y administración de justicia. Si vamos a Buenos Aires, nos encontraríamos con PROMETEA, el sistema que la Fiscalía porteña desarrolló en 2017 para asistir al fiscal redactando de forma automática los documentos repetitivos: según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, un dictamen que en promedio tomaba 72 minutos se confecciona en 18. En Bogotá, los miles de tutelas (similares al juicio de amparo en México) que llegan cada semana a la Corte Constitucional – cerca de doce mil semanales en 2019 – pasan por PretorIA, que las ordena y etiqueta. En China, los tribunales de internet que operan desde 2017 han llegado a automatizar la redacción de algunas sentencias; pero lo hacen en un contexto donde la línea entre eficiencia y vigilancia se vuelve difusa.
Al ver el panorama nacional e internacional, una herramienta dedicada en exclusiva al sistema de justicia local podría destrabar dos cuellos de botella: agilizar la denuncia ciudadana – para que Lucía no pierda media jornada – y asistir a las y los agentes del Ministerio Público en la integración de las carpetas de investigación con un proceso validado. Por supuesto, con atención al resguardo local de la información, controles de acceso y trazabilidad. Una herramienta que asista al agente y, con ello, incida en una fracción del problema.
La inteligencia artificial podría disolver la fricción que disuade a Lucía de denunciar y reforzar la técnica deficiente que hoy hace que su caso se caiga. Si la próxima vez Lucía tardara quince minutos en denunciar y su carpeta quedara bien armada, ¿seguiría callando? Y si la respuesta es no, ¿qué estamos esperando?