La asociación civil Alianza por Venezuela denunció este martes ante el Foro Internacional de Revisión de la Migración 2026 (IMRF), de las Naciones Unidas, en Nueva York, que la crisis migratoria venezolana no es espontánea sino una migración forzada, provocada por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, el cierre del espacio cívico y la ausencia de garantías fundamentales bajo el régimen chavista.

El IMRF es el principal espacio multilateral de la ONU para evaluar la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y reúne a estados, agencias internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil para debatir políticas migratorias globales.

«Vengo de Venezuela, un país donde migrar no ha sido una opción, sino la consecuencia directa de una crisis prolongada de derechos. Más de 7,9 millones de personas han salido del país en busca de protección y una vida digna. Esta no es una migración espontánea: es una migración forzada, impulsada por violaciones sistemáticas de derechos humanos», afirmó Charbel Najm, director de Alianza por Venezuela, en su intervención ante el foro en la oportunidad de participación para la sociedad civil.

El activista señaló directamente la responsabilidad del régimen: «Cuando gobiernos no democráticos generan emergencias humanitarias, restringen libertades y anulan garantías básicas, no solo obligan a millones de personas a huir, sino que además condicionan su acceso a derechos incluso fuera de sus fronteras. La migración venezolana es, en gran medida, una migración de supervivencia, no de elección».

La criminalización de los migrantes

Najm también alertó ante la ONU sobre una tendencia global preocupante: la creciente criminalización de los migrantes. «Narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza, y que cuando provienen desde el poder no solo distorsionan la realidad, sino que habilitan la discriminación, la xenofobia e incluso la violencia», advirtió, señalando con especial preocupación las expulsiones de migrantes en procesos de regularización sin el debido proceso. «Cuando se flexibiliza el debido proceso para algunos, se debilita para todos. Es, en esencia, un problema democrático», sostuvo.

Ante este contexto, formuló ante el foro tres exigencias concretas: detener la criminalización de la migración y confrontar activamente los discursos de odio y exclusión; poner fin a las expulsiones arbitrarias en todos los contextos y garantizar el debido proceso y la dignidad humana; y asegurar la no regresividad normativa para que la gobernanza migratoria esté centrada en derechos humanos y no en el miedo ni en la conveniencia política.

«Migrar no puede significar perder derechos. Y defender los derechos de las personas migrantes es, en última instancia, defender la integridad de nuestras democracias», concluyó.