La periodista Ana Blanco, en una imagen de archivo.
Actualizado
La despedida, tan discreta como elegante, de Ana Blanco tras presentar su último Informe Semanal antes de jubilarse, ha sido unánime y justamente alabada en los diferentes medios, donde se subraya que ha sido un caso único de figura de los espacios informativos de Televisión Española que ha rechazado en los últimos años las ofertas de las cadenas privadas, y se ha recordado el último, y muy reciente, caso: el salto de Carlos Franganillo de TVE a Telecinco. Hemos leído que la figura de una profesional sin histrionismo y sin manifestaciones sesgadas como Blanco es un símbolo de la importancia de unos medios informativos públicos potentes en las democracias, para equilibrar y contrarrestar los excesos de las privadas.
A este cronista le parece más significativo que ese simbolismo el hecho de que Ana Blanco no se ha jubilado por cumplir una edad reglamentaria, sino que ha ejercido libremente su derecho inalienable e indiscutible a la jubilación anticipada. Es decir: se ha marchado por decisión propia de TVE, como Franganillo y otros periodistas respetados que han buscado otras vías profesionales. No especularemos sobre los motivos de la periodista para dar ese paso, que no es nada frecuente en esta profesión, y sin duda tiene ante ella un buen proyecto vital. Pero el caso es que se trata de otra profesional que se marcha por voluntad propia.
Esta serie de dimisiones deja evidente, si es que no lo estuviese suficientemente, la deriva hacia un aparato de propaganda gubernamental cada vez más sesgado de TVE a lo largo de los años, y en particular del caótico y descarado mandato de Pedro Sánchez a la cabeza del Gobierno.
Es un caso extremo, pero no único, de la evolución de los medios públicos en países democráticos. El caso de la BBC, cuyo estatuto la protege mejor de la manipulación gubernamental, es bastante único, aunque también se ha deteriorado su autonomía a lo largo del tiempo. Y no olvidemos que la principal democracia, Estados Unidos, nunca ha tenido una cadena de radio y televisión pública; la pequeña cadena PBS, volcada a la cultura, es financiada por fundaciones privadas.
No, no hay nada de ejemplar en que el dinero de los contribuyentes sostenga los aparatos propagandísticos del poder político. Esa situación es bastante más negativa para la democracia que el sesgo a la izquierda o a la derecha que, en su competición por la audiencia, hayan tomado las cadenas privadas que se financian con sus propios ingresos. Y sí, unos medios públicos que sirvan al público y no a sus amos políticos podrían ser importantes. Pero hasta que se otorgue a esos medios un estatuto de verdadera independencia frente a la manipulación del poder, ese ideal será una pura entelequia.