Una orden de captura fue emitida el 9 de julio de 2026 para Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como «El Monstruo de Los Palos Grandes», quien en marzo de 2001 secuestró a la abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza.
Sin embargo, la orden no parece ser suficiente para capturar al hombre que raptó a una joven de 18 años hace más de 20 años. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón publicó un comunicado en el que indica que la orden de captura no fue notificada formalmente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ni entregada a Interpol.
«Sin salir del despacho del juez no evita que el acusado por crímenes tan atroces se evada de la justicia. Esto se suma al diferimiento constante de las audiencias, un recurso utilizado de manera sistemática para congelar el juicio», señala el comunicado.
El expediente penal del caso de Linda Loaiza López Soto @lindaloaiza24 en Venezuela muestra un problema claro: un sistema judicial que simula avanzar, pero que en la práctica no tiene la voluntad de hacer justicia. Si la causa sigue activa no es por la gestión eficiente de las… pic.twitter.com/YW2UHHzyVQ
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) August 12, 2026
El 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina, quien la mantuvo cautiva durante al menos cuatro meses en un apartamento de la urbanización Los Palos Grandes. Durante ese período, Loaiza afirma haber sufrido violencia física y psicológica, mutilaciones, lesiones y violación. Fue rescatada en julio de ese mismo año luego de pedir ayuda desde una ventana.
Su caso estuvo marcado por irregularidades y por una sucesión interminable de jueces. En 2004, la jueza Rosa Cádiz Rondón absolvió a Carrera Almoina por considerar que había pocas pruebas de que él fuera el autor de las lesiones o de la violencia sexual. Además, ordenó una investigación contra Loaiza y su familia.
En 2005, esa decisión fue anulada y se realizó un nuevo juicio en el que Carrera fue condenado a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones personales gravísimas, excluyendo los cargos de violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración. Carrera salió en libertad en 2008. Actualmente se desconoce su paradero.
Durante años, Linda Loaiza no solo denunció las fallas de su caso sino las fallas sistemáticas de un Estado que tuvo una investigación deficiente, falta de recolección de pruebas, retrasos, cambios de jueces y trato discriminatorio hacia ella y su familia.
Sin rendirse, en noviembre de 2007 Linda y su representante Juan Bernardo Delgado presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado venezolano. En 2010, la CIDH declaró el caso admisible y en julio de 2016 responsabilizó al Estado por impunidad estructural y fallas en el sistema judicial. También determinó que Linda habría sufrido actos de tortura y esclavitud sexual, cargos por los que Carrera nunca fue sentenciado.
Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó revisar el caso con jueces distintos en una sala diferente. El Estado venezolano nunca respondió al informe de la CIDH, por lo que el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2018, la Corte dictó sentencia señalando que el Estado había violado los derechos de Linda y su familia por la falta de investigación, la revictimización y la discriminación durante el juicio. Ese mismo año, el actual fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, quien para el momento estaba representando al país en la audiencia le pidió perdón a ella y a su familia.
«Lamentamos profundamente los padecimientos que ha pasado junto a su grupo familiar a lo largo de 17 años. Es usted para nosotros un referente de valentía y dignidad», comentó Devoe.
Sin embargo, según Loaiza, esa sentencia fue ignorada.
«El punto crucial que suele pasarse por alto es que la justicia no depende únicamente de los tribunales. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó formas de reparación para la víctima que no están sujetas a la lentitud de los juzgados, sino a una decisión directa del Poder Ejecutivo», dice el comunicado de Justicia, Encuentro y Perdón.
Según la ONG, el Estado puede comenzar a cumplir los compromisos que le debe a Linda desde hace más de 20 años: la incorporación de un programa educativo sobre derechos de la mujer con su nombre en el currículo escolar, atención médica y psicológica integral, entrega de indemnizaciones y becas, reglamentación de la ley contra la violencia de género y un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal.
Linda Loaiza informó que el 7 de agosto fue notificada de una nueva audiencia, prevista para el 11 de agosto en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Caracas. Sin embargo, la audiencia fue diferida una vez más.
«Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia», escribió Loaiza en Instagram.
Esta audiencia respondía a la solicitud del TSJ hecha en 2016, que permaneció años sin respuesta y que prometía revisar una causa vigente desde hace más de dos décadas.
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