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A falta de un año para que se cumpla la fecha límite de celebración de elecciones generales, en la opinión pública se ha instalado ya la sensación de que la legislatura agoniza. Los españoles se muestran muy severos con un Ejecutivo al que la mayoría concede pocos meses de vida: un 41% cree que los comicios se adelantarán al primer trimestre de 2027 y seis de cada 10 califican muy negativamente un mandato que, en cualquier caso, entra en su recta final.
Apenas un 12% considera la legislatura buena, positiva y competente frente a un 60% que se divide entre definirla como desastrosa, corrupta e incluso fraudulenta y un 31% que no le reconoce ningún logro al Gobierno. El balance de la ciudadanía es, pues, de condena, según se desprende del barómetro de Sigma Dos para EL MUNDO.
Los ciudadanos responden espontáneamente a la hora de definir los últimos tres años y el grupo más importante -30,3%- opta por calificarlos como desastrosos, nefastos y ruinosos. Tras ellos, un 14,8% señala esta etapa como corrupta y delictiva; un 6,7% opta por caótica, inestable y confusa; un 4,9% por mala, decepcionante y preocupante y un 3,6% por engañosa, fraudulenta y mentirosa.
En total, una gran mayoría -seis de cada 10- abomina de un mandato fuertemente marcado por la polarización que anticipó Pedro Sánchez en su discurso de investidura, cuando mostró su decisión de «erigir un muro» -que él consideraba «de democracia y convivencia»- frente al PP, el partido más votado, y Vox. También por los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE y por las decisiones que el Ejecutivo ha adoptado para satisfacer las exigencias de los partidos independentistas -principalmente la Ley de Amnistía- y convertirlos en puntales clave de su poder.
Precisamente, la amnistía a los condenados del procés es la medida del Gobierno que más negativamente juzgan los ciudadanos: un 59,8% la considera mala o muy mala y ello incluye al 41% de los votantes socialistas. Estos porcentajes ponen de manifiesto el efecto divisivo que generó la decisión de Sánchez de atar los siete votos de Junts que necesitaba para ser investido a cambio de borrar los delitos cometidos por el secesionismo.
La tendencia mayoritaria que tacha de nefasta y corrupta la legislatura sólo se rompe con los electores de PSOE y Sumar. Aún así, también en estos dos grupos se expresan recelos sobre los tres años de mandato. Entre los electores socialistas, un 13,9% se suma al calificativo de desastrosa y un 8,1% al de corrupta. Los afines a Sumar son mucho más duros a la hora de tacharla como nefasta -un 20,5%- y más indulgentes -sólo un 3,2%- al considerarla corrupta.
Los electores de estas dos formaciones, los más benévolos, prefieren poner el acento en el acoso y el boicot que, en su opinión, ha padecido un Gobierno al que consideran «resistente». Además, uno de cada 10 votantes de estos dos partidos rebaja la responsabilidad del Ejecutivo calificando su mandato de «difícil y condicionado», probablemente por la fragmentación parlamentaria y la falta de apoyo de una mayoría sólida.
El dibujo negativo se completa con un 39,3% que insiste en señalar la corrupción como el principal reto que ha tenido el Gobierno, y en ello coincide un 27% de votantes de PSOE y Sumar. Curiosamente, el problema de la vivienda sólo es señalado como desafío por un 3,8%.
La corrupción vuelve a aparecer además como la crítica más dura que se lanza contra el Ejecutivo. Así lo señala un 27,8% de los encuestados. Llamativamente en este caso los más duros son los votantes del PSOE -33,3%-, decepcionados sin duda por los casos que afectan a su partido.
Ahondando en la sentencia que emiten los ciudadanos, más allá de la amnistía, que es la medida peor valorada, los electores respaldan mayoritariamente -78,3%- la subida del salario mínimo impulsada principalmente por Sumar o la reforma del artículo 49 de la Constitución, consensuada con el PP, y la ley contra la multirreincidencia delictiva, auspiciada por Junts y PP. También apoyan con claridad el reconocimiento del Estado Palestino y el bloqueo de la compraventa de armas a Israel. Por el contrario, la mayoría rechaza la transferencia de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña y la regularización extraordinaria de inmigrantes.
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