Desconfía de que Illa aplique el 25% de español incluso si el Tribunal Constitucional avala la cuota
Javier Pulido, el padre de la niña que logró el 25% en Canet.ARABA PRESS
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El aval de la Justicia europea a la aplicación del 25% de castellano en los colegios de Cataluña es celebrado por Julio Pulido, el padre de la niña de Canet que logró vencer a la Generalitat en los tribunales para que su hija y el conjunto de su clase recibiesen el 25% de materias en castellano.
En conversación con EL MUNDO, considera que «el 25% de español se debe aplicar ya, sin esperar al Tribunal Constitucional». «La norma es clara. La resolución de Europa le pone más cuesta arriba al Constitucional ir contra el 25%», sostiene, en referencia al próximo fallo del tribunal de garantías, que debe decidir si tumba la argucia legal ideada por la Generalitat en 2022 para no aplicar la cuota de castellano en sus escuelas.
«Los nacionalistas hacen como los okupas. Alargan el proceso y, mientras tanto, siguen delinquiendo», reflexiona. Y valora: «Está clarísimo que la inmersión lingüística es ilegal. Es una locura decirle a más de la mitad de la población que no puede estudiar en su lengua. Ya lo dice Europa».
Con todo, Pulido desconfía de que Salvador Illa se atreva incluso a desobedecer al tribunal de garantías para saciar a sus socios independentistas. «Vete a saber qué se inventa el nacionalismo para no aplicar la sentencia del TC. Algo se inventarán. Hay que ganarle en el plano político. Si no esto no se acabará. Habrá otra argucia y la inmersión continuará de forma provisional. Y mi hija ya habrá acabado la primaria», razona.
De hecho, el Ejecutivo socialista que lidera Illa ya aclaró ayer que no piensa variar el modelo lingüístico de las escuelas catalanas hasta conocer el fallo del TC. Tras conocer la decisión de la Justicia Europea, el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, señaló que la resolución del TEDH «no es una sentencia y, por tanto, ni analiza el fondo del caso ni tiene efectos sobre el conjunto del sistema educativo de Cataluña».
Aun así, el Ejecutivo autonómico quiso reafirmar su apuesta por la inmersión al expresar su «compromiso con el modelo de escuela catalana que tiene el catalán como centro de gravedad».
Cuando en 2022 aún era líder de la oposición en Cataluña, el primer secretario de los socialistas catalanes ya se alió con ERC y los Comunes para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en 2020 dictó el 25% de español y que fue avalada por el Tribunal Supremo (TS) en 2021.Juntos aprobaron una ley en la que consideraban el fallo inaplicable. Además, el Govern de Aragonès aprobó en solitario un decreto para ahondar en el desacato.
Ahora, a la espera de que el TC tumbe o valide la argucia del PSC, ERC y los Comunes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avala la imposición del 25% en los colegios de la región al inadmitir por unanimidad una demanda presentada por un grupo de padres y la entidad independentista Òmnium Cultural contra la sentencia que obligó al centro Turó del Drac de Canet a empezar a impartir este porcentaje de la lengua común, provocando el acoso del secesionismo a la familia de la niña solicitante y a la pequeña.
El Tribunal de Estrasburgo subraya que "la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas que residían temporal o permanentemente en Cataluña ya que imedía que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender castellano".
Además, el órgano judicial observa que "Cataluña es una región bilingüe, donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales". "Dado que el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, el tribunal considera que prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional", señalan los jueces.
En su crítica frontal al sistema de inmersión lingüística en catalán, el TEDH subraya que "recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo".
"La decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística de la escuela, sino que simplemente aumentó el uso del castellano en una o más asignaturas, sin modificar el uso preponderante del catalán como lengua de instrucción", precisa el tribunal europeo, que remacha: "Se consiguió un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística, de acuerdo con los compromisos internacionales".