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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso decisivo para asegurar la protecci�n de miles de inquilinos en Espa�a. Este viernes, el departamento ministerial ha remitido una carta formal a un total de 541 inmobiliarias y fondos de inversi�n, exigi�ndoles el cumplimiento estricto de la normativa de vivienda vigente desde finales de marzo. Estas entidades, que concentran al menos 50 propiedades cada una bajo su gesti�n, controlan de forma conjunta un volumen superior a los 50.000 alquileres en todo el territorio nacional.
La misiva, firmada directamente por el director general de Consumo, subraya que las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2026 resultan de "obligado cumplimiento" para todos los contratos de vivienda habitual que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. El eje central de esta notificaci�n es el recordatorio de un "nuevo derecho de renovaci�n" extraordinaria por un periodo de hasta dos a�os adicionales. Una vez que el inquilino solicita esta pr�rroga, la propiedad "deber� aceptarla obligatoriamente", garantizando que se mantengan los t�rminos y condiciones del contrato en vigor sin cambios unilaterales.
Respecto a la evoluci�n de los precios, el Ministerio advierte espec�ficamente a estas entidades sobre su condici�n de "gran tenedor". En este sentido, se les recuerda que cualquier variaci�n anual de la renta no podr� exceder del 2%, salvo que exista un acuerdo voluntario entre las partes. Esta intervenci�n se fundamenta en datos recientes elaborados junto al CSIC, que revelan que el 61% del mercado del alquiler est� en manos de multiarrendadores y personas jur�dicas, mientras que los peque�os propietarios solo controlan el 39% de las viviendas.
La presi�n del Gobierno sobre los grandes fondos llega en un momento pol�tico clave, a pocos d�as de que el Congreso debata la convalidaci�n de este Real Decreto, el cual a�n no cuenta con un respaldo mayoritario garantizado. Con un mercado donde los inquilinos suponen el 20,8% de la poblaci�n frente a solo un 4,9% de arrendadores, el Ministerio exige "m�xima diligencia" a las empresas para que adopten procedimientos internos que aseguren este blindaje antes de que finalice el a�o 2027.