Actualizado Viernes, 17 abril 2026 - 22:50
Las exigencias de Vox al PP desde que comenzaron a formar gobiernos en la primavera de 2023 han ido virando. Asuntos entonces capitales que aparec�an en los pactos firmados en Castilla y Le�n o Comunidad Valenciana y, aunque con matizaciones, en Extremadura, Baleares, Arag�n y Murcia, han dejado paso desde la ruptura de los gobiernos auton�micos en 2024 a otras banderas en cada negociaci�n, ya sea de investidura, de presupuestos o mayor�as parlamentarias. La inmigraci�n, la prioridad nacional, ha desbancado al pin parental o la "violencia intrafamiliar".
Aparece en 11 ep�grafes del pacto extreme�o tras ser el �ltimo punto del acuerdo en Castilla y Le�n en 2022 -con el �nico prop�sito de promover �una inmigraci�n ordenada�- y solo un ep�grafe en el apartado de Seguridad en el pacto valenciano en el que ambos partidos se compromet�an, �dentro del ejercicio de sus competencias�, a poner �en conocimiento� de las fuerzas de seguridad �posibles casos de inmigraci�n ilegal, con especial atenci�n a las mafias organizadas�. Adem�s, inclu�an eliminar subvenciones a �entidades que amparen estas pr�cticas�. En el caso de Murcia, en septiembre de 2023, la redacci�n era similar: �luchar contra las mafias de la inmigraci�n ilegal�.
Estos planteamientos se endurecieron con la negociaci�n para la aprobaci�n de los presupuestos tras la salida de Vox de los Ejecutivos. En Valencia, se exigi� a Maz�n eliminar las subvenciones a ONG �de apoyo a la inmigraci�n ilegal�, una partida presupuestaria para pruebas de diagn�stico de edad, -algo que no se ha puesto en marcha pero se pide a Guardiola-, as� como no acoger �ni a un mena m�s�, cosa que tampoco ha ocurrido porque se ha ido cumpliendo con la legalidad y amparando los repartos del Gobierno. Tampoco se reserv� una partida para un plan de retorno de migrantes que tambi�n aparece en Extremadura. En Murcia se incluy� el cierre de un centro de menores que L�pez Miras tuvo que acabar ejecutando. Tambi�n tuvo que dar marcha atr�s a la compra de viviendas, financiadas con fondos europeos, para acogerlos.
Sin embargo, Vox ha ido imponiendo sus pol�ticas en los parlamentos auton�micos. Algunas de las exigencias del documento para la investidura de Guardiola han ido aprob�ndose pleno a pleno. A principios de 2025, Vox en las Cortes Valencianas pidi� estad�sticas diferenciadas entre nacionales y migrantes, algo que fue apoyado por los populares. En Extremadura han dado un paso m�s: una auditor�a anual de los gastos vinculados a la inmigraci�n. El pasado uno de abril, en Valencia se aprobaron �medidas urgentes ante la inmigraci�n masiva�, entre las que estaban la ubicaci�n de los centros de menores extranjeros en las afueras de centros urbanos, reforzar la disciplina en los centros, como refleja el pacto extreme�o, e impulsar un programa de �retorno voluntario�. A cambio de su apoyo, el PP valenciano logr� sacar de la propuesta �la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y servicios p�blicos�, algo que se refleja en el documento firmado por Guardiola pero que G�nova se ha apresurado a corregir.
Sin embargo, el PP s� ha aceptado que en la Ley de reforma de la Renta Valenciana de Inclusi�n aparezca el requisito de 15 meses de empadronamiento del solicitante.
Otra de las �ltimas exigencias ha sido la supresi�n de las clases de Lengua y Cultura �rabe, que se imparten en Murcia y Extremadura a petici�n de los centros educativos. Ha sido aceptada por Guardiola, pero su supresi�n no ser� posible porque se trata de un programa que depende del Ministerio de Educaci�n.
Una de las primeras batallas de Vox ante la que el PP se resisti�. El t�rmino fue incluido tanto en el primer pacto en Castilla y Le�n en 2022 como en el firmado por Maz�n, pero no volvi� a aparecer con esa redacci�n nunca m�s. Fue sustituido, como en las pancartas institucionales por �No a la violencia contra las mujeres�, con el apoyo del PP. En Extremadura no hay ni una menci�n expresa a esta violencia. De hecho, la �nica referencia a la mujer es la prohibici�n del burka y el nicab en espacios p�blicos al considerarlos �pr�cticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad�.
Provoc� el primer choque con el PP y el entonces socio de ambos en Murcia, Ciudadanos, pero no lleg� a aplicarse como tal, aunque, hasta ahora, figura siempre que los padres �autorizar�n el contenido de las actividades extracurriculares�. En el caso de Murcia, deb�an avisar con siete d�as.
Las llamadas leyes de Concordia han salido adelante como se acord� en 2023 y est�n recurridas por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el acuerdo de Extremadura, as� como en diferentes proposiciones de ley auton�micas, se da un paso m�s: Vox lleva al PP al compromiso de preservar �valor del patrimonio perseguido por las leyes ideol�gicas de la izquierda� y promueve la declaraci�n de Bien de Inter�s Cultural (BIC) de elementos como cruces de los ca�dos, escudos o placas franquistas. Esta misma semana, en Valencia, se aprob� una iniciativa en este sentido y puede haber un choque competencial.
Otra de las propuestas abanderadas por Vox y adoptada por el PP son las medidas antiocupaci�n, que se endurecen. De garantizar el derecho a la propiedad y crear oficinas especializadas en el asesoramiento a las v�ctimas, se ha pasado a combatirla con la reforma del padr�n municipal, con su inclusi�n como criterio de exclusi�n en el proceso para acceder a una vivienda p�blica y con la aplicaci�n firme del "desalojo expr�s".
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