El PP valenciano tuvo que salir ayer a apagar un incendio que, de manera inesperada, enervó a Vox justo después de lograr su apoyo para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2026. El anuncio de que finalmente ambos socios habían alcanzado un pacto lo protagonizó Vox el pasado martes. A cambio, el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, se garantizaba una vez más el apoyo de Vox sin un documento escrito de por medio, tal y como sucedió en su investidura para suceder a Carlos Mazón. Pero si Vox sacó pecho de que los presupuestos incluirían la llamada «prioridad nacional», el consejero valenciano de Hacienda lo desmentía este viernes de forma rotunda.

Lo hizo durante la presentación de las cuentas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que aprobó el proyecto de ley, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria para aprobarse a finales de julio en las Cortes Valencianas. Los presupuestos, que se disparan hasta la cifra récord de 33.305 millones de euros (un 3,1% más) y son los primeros de Llorca, no dedican ni una línea a la «prioridad nacional».

Preguntado al respecto el responsable de Hacienda, José Antonio Rovira, se limitó a constatar que «en las cuentas como tal la prioridad nacional no se puede recoger». «Entiendo que Vox se referirá al arraigo», deslizó a continuación.

De hecho, los populares han evitado en todo momento hacer suya la definición de «prioridad nacional» que defiende Vox («los españoles primero»). En su lugar, el PP se ha agarrado siempre al concepto más difuso de «arraigo», para defender en la práctica la valoración del tiempo de residencia o empadronamiento en la concesión de ayudas públicas. Así se hizo, por ejemplo, en la reforma de la renta valenciana de inclusión, para la que se endureció el requisito de empadronamiento con el aval de Vox. Según el PP, porque ir más allá hubiese sido inconstitucional.

La contundencia del consejero de Hacienda negando la «prioridad nacional» no tardó en ser desacreditada por Vox. «En la Comunidad Valenciana, Vox ha anunciado que habrá prioridad nacional y así será», advirtió el portavoz de Vox en las Cortes, José María Llanos. «Aplicaremos la prioridad nacional en ayudas sociales y acceso a la vivienda pública. Los españoles primero», insistió.

El PP se vio obligado a matizar que la referencia al «arraigo» -que no «prioridad nacional»- llegará. Eso sí, no en los presupuestos sino en la llamada Ley de Acompañamiento o de Medidas Fiscales, algo así como un cajón de sastre que permite al Ejecutivo autonómico modificar de un plumazo infinidad de leyes.

«El arraigo es un compromiso del conjunto de la sociedad y estará recogido en la Ley de Medidas, aunque no figure en una partida económica específica», aclararon desde el PP valenciano tras la reacción airada de Vox. «El PP cumple sus compromisos siempre. Y, por supuesto, cumplimos los acuerdos», remarcaban fuentes populares. «Ya les aviso que así será», dijo la presidenta de las Cortes y dirigente destacada de Vox, Llanos Massó.

Y eso que a Rovira también se le había preguntado por la posibilidad entonces de un endurecimiento de los requisitos del arraigo. Y, de nuevo, volvió a negarlo. Como negó también el supuesto recorte que avanzó Vox en las subvenciones a patronal y sindicatos. «Ningún recorte», sentenció Rovira, que incluso mencionó un ligero aumento del 4% de la subvención a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) para gastos de personal. Pero no deja de ser significativo, al tratarse de una entidad a la que Vox ha pedido «estrangular» y a la que se enfrentó el ex presidente Mazón. Lo que sí admitió Rovira -y dan por hecho en el PP- es que de la tramitación parlamentaria saldrán enmiendas con las que se tratará de contentar a Vox.

La partida de educación

En lo que trató de poner el acento Llorca fue en el incremento del presupuesto para educación. Después de tres semanas de huelga de los profesores y con el Palau de la Generalitat rodeado por las protestas de los docentes, Llorca destacó que el de 2026 es el presupuesto «más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en materia educativa». «La apuesta por la educación pública más ambiciosa», según sus propias palabras, implica un aumento de la partida educativa del 6,2% -el mayor de todas las consejerías-, hasta los 7.749 millones de euros.

El presidente de la Generalitat dejó incluso abierta la puerta a introducir mejoras en el presupuesto educativo -vía enmiendas- si avanza la negociación entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes. De hecho, en las cuentas ya se recoge el aumento de 75 euros brutos en la nómina pactado con dos de las cinco organizaciones, y que llegarán a los 200 euros en 2028.

El «esfuerzo» del Consell, según admitió Rovira, se produce sin que se haya resuelto la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. «Un verdadero lastre», lamentó, por lo que instó al ministro de Hacienda, Arcadi España, a poner en marcha el fondo de nivelación transitorio que él mismo exigía cuando dirigía el departamento de Hacienda de la Generalitat.

El coste total de la deuda se cifra ya en 7.216 millones, incluyendo vencimientos e intereses, lo que supone un 20,6% más que en el ejercicio anterior. En cuanto al déficit, ronda los 2.373 millones de euros, si bien Rovira destacó que se ha reducido en 1.400 millones desde 2022.