En 2026, la jubilación en España continúa con su calendario progresivo de retraso de la edad ordinaria, que se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan una larga carrera de cotización, mientras que aquellos con al menos 38 años y tres meses cotizados pueden retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión. Este marco responde a la necesidad de adaptar el sistema al envejecimiento de la población y a una mayor esperanza de vida.
Sin embargo, dentro de este esquema general existen vías que permiten adelantar la jubilación.
La Seguridad Social contempla principalmente dos modalidades de jubilación anticipada. Por un lado, la voluntaria, a la que el trabajador accede por decisión propia y que permite retirarse hasta dos años antes de la edad legal. Por otro, la jubilación anticipada involuntaria, pensada para quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad y que permite adelantar el retiro hasta cuatro años.
Es precisamente en esta segunda modalidad donde se contempla la posibilidad de jubilarse a los 61 años. No se trata de una opción abierta a todos los trabajadores, sino de una medida muy condicionada que combina requisitos estrictos y penalizaciones económicas permanentes.
El acceso a la jubilación a los 61 años solo es posible si el trabajador ha sido expulsado del mercado laboral por causas objetivas. La normativa contempla supuestos como despidos colectivos, despidos por causas económicas, técnicas u organizativas, así como situaciones derivadas de reestructuraciones empresariales.
No basta, por tanto, con querer dejar de trabajar antes. El elemento central es que la finalización del contrato no haya sido voluntaria. Este requisito define el carácter protector de la medida, orientada a quienes tienen dificultades reales para reincorporarse al empleo en edades cercanas a la jubilación.
A ello se suma una exigencia mínima de cotización de 33 años. Este umbral permite el acceso a la jubilación anticipada involuntaria, aunque en la práctica la edad mínima concreta depende de la carrera laboral. Para poder retirarse exactamente a los 61 años, es necesario haber cotizado al menos 38 años y tres meses. En caso contrario, la edad se retrasa algunos meses.
El diseño de esta excepción incluye otros filtros que reducen el número de beneficiarios. Uno de los más relevantes es la obligación de estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de solicitar la jubilación.
Además, el trabajador debe encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social, lo que incluye, por ejemplo, estar cobrando una prestación por desempleo.
Este conjunto de requisitos busca garantizar que la jubilación anticipada no se utilice como una vía alternativa al mercado laboral, sino como último recurso tras un periodo de desempleo.
Adelantar la edad de retiro conlleva un coste. La pensión se reduce mediante coeficientes reductores que van en función tanto del número de meses adelantados como del total de años cotizados.
Para quienes han cotizado menos de 38 años y seis meses, la reducción puede alcanzar aproximadamente el 30% si se adelanta la jubilación el máximo de 48 meses. En cambio, para carreras más largas (por encima de 44 años y seis meses), la penalización máxima se reduce hasta en torno al 24%.
Si se observa el detalle mensual, el ajuste oscila en términos generales entre cerca del 0,50% y el 0,63% por cada mes de anticipo, dependiendo del tramo de cotización. Esto implica que adelantar un año la jubilación puede suponer una reducción acumulada de entre el 6% y el 8%, mientras que dos años pueden situar el recorte en una horquilla aproximada del 12% al 16%.
En los supuestos más habituales de acceso a los 61 años (es decir, con el máximo adelanto de cuatro años), los coeficientes se sitúan en los niveles más altos. Por ejemplo, un trabajador con algo más de 38 años cotizados puede enfrentarse a una reducción cercana al 28%, mientras que otro con más de 44 años y medio cotizados vería un recorte algo inferior, pero aún por encima del 20%.
Estos porcentajes son permanentes y se aplican durante toda la vida de la pensión. No se corrigen al alcanzar la edad ordinaria ni se revisan con el tiempo, lo que convierte la decisión de adelantar la jubilación en un factor que condiciona los ingresos futuros del pensionista.
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