Se cumple un año de la entrada en vigor del Real Decreto 402/2025, la norma con la que el Gobierno de España puso en marcha un nuevo procedimiento para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a actividades especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. Pese a la buena noticia de la puesta en marcha, la realidad está siendo diferente para estos profesionales que buscan el acceso a la jubilación antes de tiempo.
El objetivo de ello fue ordenar un sistema de acceso que hasta ahora se había aplicado a colectivos concretos y fijar una vía reglada para nuevas profesiones que reclamaban desde hace años un reconocimiento similar al que tienen hoy el sector de la minería, o trabajadores del mar o personal de vuelo entre otros
Para ello, la regulación estableció un procedimiento técnico para valorar factores como la incidencia de enfermedades profesionales, la mortalidad, la duración de procesos de incapacidad o las secuelas derivadas de determinadas actividades laborales. También fijó un límite mínimo para el acceso a la jubilación anticipada mediante estos coeficientes, que en ningún caso puede situarse por debajo de los 52 años.
No obstante, las personas trabajadoras con una actividad profesional con elevados índices de morbilidad o mortalidad, podrán anticipar su edad de jubilación, "siempre y cuando no sea posible una mejora de las condiciones de trabajo", rezaba el comunicado emitido entonces por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Doce meses después de su entrada en vigor, el desarrollo práctico de la norma comienza a avanzar entre solicitudes sectoriales, recopilación de informes y procedimientos administrativos todavía en curso.
Distintos colectivos profesionales han iniciado movimientos para incorporarse a un sistema. Ahora bien, el primer año de aplicación deja una fotografía marcada por la apertura formal del procedimiento y por unos plazos de ejecución que generan incertidumbre.
El cambio que trajo ell Real Decreto 402/2025fue la creación de un procedimiento previo para determinar qué actividades profesionales pueden acceder a coeficientes reductores de la edad de jubilación.
La norma llegó tras años de reivindicaciones por parte de sectores que sostenían que determinadas condiciones de trabajo provocaban un deterioro físico acumulado que no quedaba suficientemente reflejado en el sistema actual.
La regulación establece que las solicitudes deben apoyarse en "indicadores objetivos" que permitan acreditar niveles elevados de penosidad o peligrosidad. Entre los parámetros incluidos aparecen factores relacionados con la incidencia de enfermedades, bajas laborales, accidentes, mortalidad o secuelas asociadas al desempeño de una profesión.
Después, la Seguridad Social se encarga de elaborar un informe donde se tendrán en cuenta otros factores como "las contingencias comunes, las profesionales, la edad, el sexo, la rotación en el trabajo, la parcialidad, el tamaño de la empresa o la distribución geográfica".
Durante el último año distintas actividades han comenzado a organizar sus solicitudes o han reclamado públicamente su incorporación al sistema.
Entre ellas figuran colectivos vinculados a la construcción, las camareras de piso, cuerpos policiales y profesionales del transporte por carretera, entre otros sectores que durante años han defendido un reconocimiento específico de sus condiciones laborales.
La norma da un plazo máximo de seis meses "para resolver el procedimiento previo" . La construcción registró su solicitud hace nueve meses mientras que transporte de mercancías y el de viajeros, lo hizo hace seis meses. Sin obtener aún respuesta.
El transporte constituye uno de los sectores que más activamente ha trabajado en el desarrollo de expedientes vinculados al nuevo procedimiento.
Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, federación representativa de las pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera en España, hace un "balance agridulce" del proceso iniciado tras la aprobación de la norma.
"El Real Decreto aprobado en 2025 supuso un avance legal incuestionable al abrir una vía clara para regular el procedimiento. Sin embargo, la realidad un año después es que el proceso avanza de forma excesivamente burocrática y lenta", matiza a Business Insider España.
Según explica la organización, la situación actual ha dejado atrás los primeros meses de paralización, "se ha superado la fase inicial de parálisis y hoy estamos en fase de tramitación unificada".
Fenadismer afirma aemás haber obtenido el compromiso para que los expedientes correspondientes a conductores asalariados y transportistas autónomos se tramiten de manera conjunta. La solicitud impulsada por el sector incluye a conductores de transporte pesado de mercancías de larga distancia y a profesionales del transporte de viajeros tanto urbano como interurbano. En total, la organización estima en más de 300.000 trabajadores en España los que podrían verse beneficiados entre conductores asalariados y autónomos.
Uno de los elementos centrales del nuevo procedimiento es la necesidad de acreditar mediante datos objetivos el impacto que determinadas profesiones tienen sobre la salud de los trabajadores. La exigencia técnica ha terminado, en embargo, convirtiéndose también en uno de los principales retos para algunos sectores.
"El mayor escollo está siendo la acreditación de la morbilidad y la penosidad con datos desagregados", revelan desde Fenadismer.
La organización explica que demostrar una relación directa entre patologías y años de actividad profesional exige un trabajo técnico complejo. Entre los problemas de salud citados aparecen lumbalgias, enfermedades cardiovasculares o cuadros de fatiga crónica asociados a largas trayectorias laborales.
Asimismo consideran que determinados criterios utilizados pueden ofrecer una imagen incompleta de la realidad del sector.
"Los criterios actuales de la Administración se basan casi en exclusiva en las bajas laborales y la siniestralidad directa. Esto invisibiliza al transportista autónomo".
La organización añade que existen factores laborales cuya medición considera insuficiente. Entre ellos cita los descansos nocturnos en cabina o la disponibilidad limitada de infraestructuras seguras para el estacionamiento. Según sus datos, actualmente existen 52 aparcamientos seguros para transportistas en España.
"Reduciría drásticamente los accidentes en carretera al retirar de los mandos de camiones de 40 toneladas a personas de avanzada edad con pérdidas de reflejos", concluye Gil.
Business Insider España contactó con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer el balance oficial del primer año de aplicación del real decreto y el estado de las solicitudes iniciadas. En el momento de publicación de este artículo no había recibido respuesta.
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