El Papa León XIV ha recibido seis minutos de aplausos en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados de España tras su discurso de media hora ante los diputados y senadores congregados. Se trata del primer discurso que da un Pontífice en la sede de la soberanía nacional. En sus palabras de nuevo está la Inteligencia Artificial, recordando su encíclica. 

"Hoy los nuevos mundos ya no se dibujan en los mapas se despliegan en la técnica, la economía, la biomedicina y el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la IA y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque tome el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso ante las transformaciones de nuestro tiempo nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestra decisiones y como se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común", recoge.

Robert Prevost ha entrado en el Salón de Plenos acompañado de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán. El Papa León XIV ha criticadola "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público".

Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio"

"Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha asegurado el Pontífice.

A su vez, ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".

Además, "sin confundir el plano jurídico con el moral", ha abogado por "una justa delimitación del poder público" y por "límites morales del poder".

"Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida", ha subrayado.

"La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario"

Por otro lado, ha defendido que "la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento" y ha denunciado tanto el aborto como la exclusión de las personas migrantes.

Defensa de la vida humana

"¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana es una meta de civilización", ha defendido.

A su juicio, la "grandeza moral de una nación" se manifiesta "en su capacidad de proteger vidas que atraviesan mayor fragilidad desde su concepción". "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona", ha insistido.

También ha avisado de que "el trágico drama migratorio interpela la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional" y "exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos".

En este sentido, ha afirmado que hay una "doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración".

"Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen se vulnera la igual dignidad humana de todos los seres humanos", ha aseverado.

La paz como aspiración política

Por otro lado, ha remarcado que "el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en violencia, polarización y desconfianza recíproca" y, en este contexto, ha apuntado que "la paz se presenta como una aspiración política".

Asimismo, ha defendido la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. "La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y tutela jurídicamente", ha abundado.

"Preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional"

En este sentido, ha asegurado que "la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso" y ha añadido que "la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones" aunque "tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública".

Regular el secreto confesional

Por otra parte, ha pedido tutelar jurídicamente "el sigilo sacramental de la confesión" como sucede "de modo análogo en algunas profesiones" con el fin de "preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas como reconocen también las normas internacionales".

En su discurso, el Papa ha aclarado que su intervención ante el Parlamento español quiere ser "un gesto de cercanía hacia España y mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana", "respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad" de los legisladores.