La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros para la explotación de las vastas reservas del país, en medio de los acercamientos y la presión de Estados Unidos.

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“Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas”, dijo el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, desde la sede del Poder Legislativo, en Caracas.

Rodríguez señaló entre aplausos que la ley es “un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro”.

La ley será remitida a la máxima corte para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su carácter orgánico.

La medida se inscribe en una serie de reformas impulsadas por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, entre ellas una modificación a la ley petrolera que, al igual que el proyecto aprobado este jueves, ofrece garantías a la inversión privada y revisa el modelo estatista heredado de Hugo Chávez.

Conocido por sus enormes reservas de petróleo, Venezuela es también rico en minerales como oro, diamante, bauxita o coltán, cuya explotación se concentra principalmente en el Arco Minero, un territorio de unos 112.000 kilómetros cuadrados.

En esa región, bandas criminales, grupos armados y, en algunas zonas, guerrillas como el Eln y disidencias de las Farc controlan amplios sectores de la actividad minera, en ocasiones con la anuencia de fuerzas de seguridad, según diversos testimonios.

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Los detalles de la ley

La ley abre la puerta en sus primeros doce artículos a la inversión privada y extranjera, así como a la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.

En el artículo 74 de la nueva norma, se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere esta Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles para adquirir títulos mineros hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.

El Banco Central de Venezuela “tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional”, de acuerdo a la ley.

Por otra parte, en el artículo 91, se indica que el pago de regalías al Estado venezolano es de hasta 13 por ciento sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los “parámetros necesarios” para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir “en dinero o en especie”.

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Asimismo destaca el 36, que indica que el Estado, “por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos”.

En el artículo 124 se señala que en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental, se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión.

(*) Con información de AFP y EFE