El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos nuevas licencias generales que flexibilizan las sanciones económicas sobre Venezuela y en especial sobre el Banco Central de ese país.

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Estas medidas, firmadas por el director de la oficina Bradley T. Smith, buscan facilitar la reconexión del Estado venezolano con el sistema financiero internacional y permitir una gestión más fluida de los ingresos provenientes de la industria petrolera.

La primera de estas disposiciones, la Licencia General N° 56, se centra en el ámbito de la negociación comercial al autorizar a personas y empresas, tanto estadounidenses como extranjeras, a entablar conversaciones y acuerdos preliminares con el Gobierno de Venezuela. 

Esto incluye la posibilidad de redactar memorandos de entendimiento y participar en licitaciones públicas sin incurrir en violaciones legales; no obstante, la normativa aclara que cualquier contrato resultante de estas gestiones no podrá ejecutarse plenamente sin obtener una autorización individual adicional por parte de la OFAC.

Por otro lado, la Licencia General N° 57 representa un avance de mayo para la estructura económica del país, ya que habilita una amplia gama de transacciones financieras con cuatro de las instituciones bancarias estatales más relevantes: el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. 

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Gracias a esta licencia, estas entidades podrán gestionar servicios de banca corresponsal en dólares, transferencias de fondos tipo wire y ACH, así como el procesamiento de remesas, pagos con tarjetas bancarias y operaciones de cambio de divisas, normalizando servicios financieros básicos para la población y el sector público.

A pesar de esta apertura, el gobierno estadounidense ha establecido restricciones. Las licencias prohíben explícitamente cualquier operación que involucre a países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como a empresas bajo control de la República Popular China.

 Del mismo modo, se mantiene la exclusión para todos aquellos individuos que permanecen en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), asegurando que el beneficio financiero se limite a la operatividad institucional y no a las finanzas personales de los funcionarios sancionados.