El hundimiento del PSOE andaluz en las elecciones del pasado domingo no puede interpretarse como un episodio aislado ni como una mera contingencia regional. Los 28 escaños obtenidos por María Jesús Montero, el peor resultado de la historia del socialismo andaluz, constituyen el cuarto fracaso electoral consecutivo de una estrategia diseñada personalmente por Pedro Sánchez para controlar los territorios, imponiendo su liderazgo con candidatos estrechamente identificados con él, ya fueran ministros, exministras o dirigentes de máxima confianza.
La operación andaluza era especialmente significativa. Montero no era una dirigente territorial, sino una pieza central del sanchismo. Su desembarco en Andalucía, tras abandonar la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Hacienda, pretendía demostrar que el liderazgo presidencial conservaba capacidad de arrastre. El resultado ha producido exactamente el efecto contrario: ha evidenciado que la marca nacional del presidente se ha convertido en un lastre incluso para su propio partido. Ferraz ha reaccionado, además, con una negativa explícita a asumir responsabilidades políticas, intentando presentar el retroceso del PP como la noticia relevante de la jornada.
Sin embargo, lo verdaderamente importante no es solo el deterioro electoral del PSOE, sino la naturaleza de la estrategia que lo acompaña. Sánchez ya no compite por la hegemonía política nacional. Ha renunciado a construir un proyecto integrador con vocación mayoritaria y ha sustituido esa ambición por una lógica puramente defensiva: resistir. Resistir con resultados mediocres, lejos de las mayorías sociales, pero confiando en que la fragmentación parlamentaria le permita reconstruir coaliciones suficientes para conservar el poder.
Esa dinámica explica el permanente estímulo a partidos de izquierda minoritarios, plataformas localistas y formaciones regionalistas cuya existencia resulta imprescindible para eventuales pactos poselectorales. La 'España plurinacional', teorizada durante años por su exasesor Iván Redondo, no responde tanto a una convicción doctrinal sólida como a una necesidad táctica: convertir la fragmentación territorial y política en una fórmula de supervivencia parlamentaria. Se trata, en consecuencia, de una estrategia personalista y de corto alcance. No busca consolidar un proyecto de país reconocible, sino prolongar la legislatura hasta su término en condiciones políticamente precarias. Incluso sin capacidad para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, Sánchez parece decidido a agotar los tiempos institucionales mientras el desgaste se administra desde el control orgánico del partido y la contención de las críticas internas.
Como ya ocurrió tras las elecciones municipales de 2023, el presidente interpreta cada derrota no como una señal de rectificación, sino como una oportunidad para replegarse y resistir. El objetivo ya no consiste en ganar claramente las próximas generales. Basta con no perder de manera definitiva. Es una política de mera subsistencia. Y cuando un partido histórico sustituye la ambición nacional por la simple resistencia táctica, el problema deja de ser electoral para convertirse en institucional.
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