El inagotable caudal de sandeces que ha esgrimido el Gobierno y sus satélites mediáticos se ha ido agotando en sí mismo a medida que los expeledores de idiocias se iban leyendo los 85 folios del auto del juez Calama. Comenzaron por lo más sencillo, por ... la burricie de carril: la ultraderecha judicial la tiene tomada con este Gobierno progresista y tal y tal. Continuaron con las mentiras de la portavoz, Elma Saiz, escupiendo que todo se debe a una denuncia de Manos Limpias, lo cual, cómo no, es un perfecto embuste: supongo que esa indocumentada sabía que era un requerimiento de las Fiscalías francesa y suiza, pero prefería embarrar el campo con los ultraderechistas de manual. Todo lo que ha seguido entraba dentro de la pobreza argumental de quien sabe que le han pillado con el célebre carrito: que si Feijóo es un imbécil ('Orangután Puente'), que si se hizo una foto con un narco (Sánchez por sí mismo), que Zapatero es el campeón de los derechos sociales (todos los demás), que si lo uno, que si lo otro. Pero todos ellos saben de la gravedad de las acusaciones y de lo sólido de las investigaciones. Es un torpedo en toda la línea de flotación del sanchismo, mucho más contundente que las acusaciones que recayeron en Santos Cerdán o el juicio de Ábalos y Koldo. Zapatero es otra cosa. Y cualquiera que tenga ojos en la cara –los que repentinamente le crecieron a Rufián–, sepa leer y tenga paciencia para hacerlo, verá que por fin estalla algo que era un runrún permanente desde que el Gobierno rescató a la compañía Plus Ultra y que no se queda en una comisión de mojones por unos informes orales. Todo lo que se apunta en el auto del juez es un inmenso iceberg que poco a poco irá emergiendo y comprometerá la libertad de más de uno. Aquél rescate de 53 millones de nuestro dinero jamás hubo de producirse, y el Gobierno al ponerlo en marcha sencillamente prevaricó, decisión colegiada de todo el Consejo de Ministros, porque adoptaba una medida que sabía no era de ley, y la adoptaba por las presiones de quien luego recibió un dinero por sus gestiones, cayendo en un delito de trafico de influencias de libro.
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