La Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del rescate de Plus Ultra, aquella aerolínea diminuta (apenas 170.000 pasajeros en 2019 frente a los 19 millones de Air ... Europa) a la que el Consejo de Ministros consideró «empresa estratégica» y agració con 53 millones de euros públicos en marzo de 2021. Más allá de la presunción de inocencia que asiste al expresidente, el episodio ha reabierto el debate de siempre: cómo evitar que estas tropelías vuelvan a producirse. Y la respuesta convencional —comisiones de supervisión, organismos de control, auditorías reforzadas, códigos éticos—, a la que intuitivamente se aferran tantos, resulta del todo insuficiente porque deja intacto el problema de fondo.
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