26/04/2026 Actualizado a las 02:06h.

Un año después del gran apagón que dejó sin suministro a la península ibérica el 28 de abril de 2025, persiste una anomalía institucional difícilmente justificable: la ausencia de una atribución clara de responsabilidades. Lejos de disiparse, las dudas se han consolidado a medida que han aflorado informes técnicos, documentos europeos y, de forma especialmente reveladora, informaciones publicadas que apuntan a fallos conocidos, advertencias previas y decisiones discutibles en la gestión del sistema eléctrico. El análisis de los hechos ya no permite sostener la tesis de un evento imprevisible. El informe europeo coordinado por ENTSO-E desmonta expresamente la idea de que el incidente sorprendiera a Red Eléctrica. El sistema presentaba inestabilidad en los días previos, con oscilaciones de tensión relevantes y señales tempranas que exigían una respuesta más prudente del operador. En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ha vinculado el colapso a una «sucesión de errores técnicos» y a una normativa inadecuada, subrayando que la desconexión prematura de generación agravó el episodio en lugar de contenerlo.

En este último año, el sistema eléctrico español ha cambiado más de lo que se reconoce oficialmente. Red Eléctrica ha modificado sustancialmente su forma de gestionar el sistema desde el día siguiente al colapso. La generación con ciclos combinados de gas ha aumentado cerca de un 25 por ciento en el último año. Este incremento responde a la necesidad evidente de reforzar la estabilidad mediante tecnologías síncronas y servicios de ajuste. Ese cambio constituye, en sí mismo, un reconocimiento de que algo se estaba haciendo imprudentemente mal al querer batir récords de incorporación de renovables. Si hoy se recurre con mayor intensidad a generación de respaldo para garantizar la seguridad del suministro, es porque el equilibrio anterior resultó insuficiente. La integración de renovables, siendo necesaria, exigía un acompañamiento técnico que no siempre se garantizó.

La consecuencia es doble. Por un lado, el sistema es ahora más robusto; por otro, esa mayor prudencia tiene un coste económico que ya empieza a trasladarse a consumidores y empresas. La seguridad energética ha pasado a primer plano, incluso a costa de encarecer la factura.

Este giro también ha reordenado prioridades. Tecnologías antes cuestionadas, como la nuclear, vuelven a considerarse esenciales para garantizar la estabilidad del sistema. El paquete de medidas que ha propuesto la Unión Europea para paliar la crisis energética provocada por la guerra de Irán sostiene que «la energía nuclear es un componente importante de las estrategias de descarbonización, competitividad industrial y seguridad de suministro» y pide evitar el cierre anticipado de las centrales nucleares existentes, una recomendación que atañe directamente al futuro de Almaraz. No se trata de un ajuste menor, sino de una reconsideración estratégica.

Y, sin embargo, ese cambio carece de relato político. El sistema ha corregido sus desequilibrios, la llamada imprudencia en la gestión del mix ha sido sustituida por mayor cautela y el riesgo de colapso se ha reducido. Pero todo ello se ha producido sin una explicación transparente de las causas ni una asunción clara de responsabilidades por parte del Gobierno que es el que ostenta la máxima responsabilidad sobre el sistema. El apagón no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia de fallos identificables, advertidos y, en parte, evitables. La insistencia en diluir responsabilidades no protege a las instituciones; las debilita. Un año después, el Gobierno debería abandonar la ambigüedad, asumir las conclusiones de los organismos independientes y facilitar que los mecanismos regulatorios y, en su caso, judiciales determinen responsabilidades concretas.

Porque en materia de seguridad de suministro no cabe el equívoco: la confianza en el sistema eléctrico es, en última instancia, confianza en el propio Estado. Y conservar esa confianza exige verdad, claridad y responsabilidad política.