El pasado lunes se cumplieron treinta años de mi primera investidura como presidente del Gobierno. Invitado a evocar esa fecha en las páginas de ABC lo hago sin nostalgia ni complacencia; malas consejeras en toda circunstancia, aún lo serían peores en esta hora. Intentaré poner en perspectiva el sedimento de inquietudes rigurosamente contemporáneas. No reivindico nada más allá de un proyecto político que sigue siendo el mío y mantiene intacto su potencial de servicio. Al cabo de treinta años, tengo por más necesario que nunca todo lo que representa el Partido Popular; para empezar, su condición de única fuerza capaz de materializar una alternativa de gobierno, haciendo valer algo más sólido que una colección de invectivas: el peso de su acervo histórico.

Hace tres décadas, todavía se tenía un entendimiento serio de los usos constitucionales. Se asumía que, en una democracia, gobierno y oposición son funciones sin asignación fija, subordinadas a intereses permanentes y que la dinámica entre partidos es la competencia colaborativa. Hoy algunos invocan mucho la democracia, pero, a la vista de su proceder, parece interesarles más cómo suena que cómo funciona. Levantar un muro para emparedar a media España no era, en 1996, un programa concebible, ni siquiera un enunciado decente en un discurso de investidura. Nada parecido se encontrará en el mío: nada de programas para fragmentar el electorado; al contrario, hacíamos política para integrar la nación, uniéndola en torno a objetivos identificables, que suscitasen apoyos mayoritarios. No quisimos jugar a la pequeña ni en esa legislatura ni en la siguiente: con mayoría absoluta firmamos el Pacto Antiterrorista, el Pacto por la Justicia y el Acuerdo de Financiación Autonómica. Con esa mayoría absoluta aprobamos 219 leyes –solo en dos nos faltó compañía–, 18 acuerdos sociales, grandes pactos para la financiación sanitaria y local y el Plan Hidrológico Nacional.

Por lo demás, entonces no se compraban investiduras; se pactaban, dando cuenta pública y detallada de los acuerdos alcanzados. Estaba todavía inédito el procedimiento de negociarlas en el extranjero con prófugos de la Justicia. Tampoco era moneda corriente especular con la nación, subastar el Estado y vender la Constitución para alquilar un poder mediatizado. Quienes pescan en el río revuelto de tanta tinta consumida en glosar el 'Majestic' tiran su carnada al agua. Aquel fue un pacto sobre un programa nacional, no bilateral. En 1996 acordamos unas bases para reformar la financiación autonómica: poco después, el modelo se aprobó por unanimidad. Ver en esto un precedente de lo de ahora es delirar o construir analogías calumniosas. Ni aliviamos el reproche penal de los malversadores, ni acordamos indultos arbitrarios, ni concedimos amnistías anticonstitucionales. No hubo controversia constitucional alguna en nada de lo suscrito. Probablemente, porque no pedimos la venia a golpistas; ni el PP había perdido las elecciones, ni CiU acababa de dar un golpe.

Siempre me ha sorprendido el uso simultáneo de argumentos incompatibles. Suelen blandirse contra mí aquellos pactos para tachar de hipócrita mi censura a posiciones claudicantes; y, a la vez, se me acusa de haber sido uno de los principales promotores de lo que se dio en llamar «fábrica de independentistas», acuñación que reprocha a todo aquel que ponga reparos a las demandas desorbitadas del nacionalismo estar contribuyendo, en realidad, a su expansión. No creo haber sido, en esto, ni claudicante ni temerario. Y esta conclusión me la brindan los datos, no mis impresiones personales.

Poco después del 2000, con respecto a Cataluña, el CIS dejó constancia de un sistema autonómico estabilizado. Los resultados electorales nacionalistas eran limitados y decrecientes. Se registraba una excelente opinión sobre el Estado autonómico, con expresa adhesión al modelo. La estadística confirma lo que la lógica anticipa: los que fabrican independentistas son los independentistas, cuando se les allana el camino para hacerlo. Y desde 2003 los socialistas decidieron, por puro cálculo, allanárselo, asumiendo el coste para todos de 'acordonarnos' a nosotros. El precio de semejante operación resultó letalmente alto: negociar con formaciones radicalizadas tenía que descompensar el sistema, desplazando su centro de gravedad extramuros del perímetro constitucional. Hoy las consecuencias saltan a la vista. Pero hasta aquí no se llega por casualidad. Los problemas del modelo autonómico no son de fábrica, son de práctica. De la mala práctica de una izquierda decidida a desentenderse de la Transición. No fuimos nosotros quienes buscamos en el nacionalismo primero una muleta electoral y enseguida un socio constituyente de recambio. Hace treinta años, obtener una investidura suponía negociar un programa de gobierno, no los fundamentos del Estado.

Tener sentido de Estado no es parlotear sobre 'lo público'. Fundar el euro, saldar con déficit cero las cuentas públicas y con superávit las de la Seguridad Social, generar cinco millones de empleos, es pasar de los dichos a los hechos. Honrando la palabra dada, impulsamos un programa de privatizaciones que modernizó la economía española. No se nos ocurrió privatizar el Estado: no usamos el CIS como palanca, ni el INE como sucursal, ni TVE como boletín; tampoco los titulares de la Fiscalía General dejaron el cargo manchando su toga 'con el polvo del camino' o su certificado de penales con algún antecedente.

Otro tiempo: el gobierno presentaba presupuestos, no insultaba a jueces ni periodistas y promovía el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo; confieso, además, no haber escrito ninguna carta poniendo a la ciudadanía al corriente de mis estados de ánimo. Acción exterior: ignoro si la firma del Tratado de Niza, el liderazgo en la política iberoamericana de la Unión Europea o el fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos situaron o no a España en 'el lado correcto de la historia'; sé que no la arrojaron a un rincón.

1996 normalizó la alternancia, pero nuestra posterior mayoría absoluta asustó a la izquierda. Temiendo un cambio tectónico y desde su exclusivismo, que ve en los Gobiernos socialistas la normalidad por defecto y en los populares una excepción circunstancial, empezaron a oírse voces empujando al PSOE a un maximalismo excéntrico.

Esta fue la génesis del impulso que nos trajo aquí. Recordarlo ayuda a entender cómo vinimos a parar a esta encrucijada. Y cómo retomar la buena senda. España no está condenada al extravío. Llegó a 'ir bien'. Estoy convencido de que, muy pronto, irá todavía mejor.