Tenía razón este miércoles Pedro Sánchez cuando, dirigiéndose al Congreso de los Diputados, afirmó que la corrupción no era generalizada. Es verdad. La corrupción está muy concentrada en el PSOE que dirige, con ramificaciones en su Gobierno y, particularmente, en los círculos personales y políticos que le son más inmediatos. Semejante conocimiento certero sobre el ámbito geopolítico de la corrupción contrasta con su declaración de ignorancia sobre los escándalos que lo asedian. O bien Sánchez miente, sin más, o bien admite con sinceridad que es un incompetente. Las dos opciones conducen directamente a su dimisión. No ha habido en la historia de la democracia española de 1978 un presidente de Gobierno con más motivos para dimitir a causa de la corrupción. Sin embargo, sus socios de Gobierno y de Parlamento decidieron practicar su habitual y bochornosa doble moral, porque animan a Sánchez a que certifique su defunción política mientras lo mantienen con un boca a boca que los hace coautores del actual estado de deterioro institucional. Solo EH Bildu se mostró amable con Sánchez, lo cual es una tragedia para su biografía personal y una infamia para la historia nacional. Resulta sencillamente repulsivo que el socio más sincero de un presidente del Gobierno de España –con casi mil compatriotas asesinados por los etarras– reciba el apoyo explícito del partido sucesor de ETA, el que no ha pedido perdón siquiera por los socialistas que cayeron bajo sus balas. Capítulo olvidado en el pacto de investidura pactado por Sánchez con Otegi.
Las reiteradas afirmaciones de Sánchez de que no va a dimitir fueron ayer un mensaje con unos muy concretos destinatarios: sus socios de investidura, no Núñez Feijóo. Cuanto más le piden que deje paso a otro, más los provoca Sánchez con su permanencia, atándolos a la suerte que le toque correr. La falsa indignación de Junts, PNV, Podemos y ERC esconde el miedo a que sus intereses se perjudiquen por el empecinamiento de Sánchez, y a no poder desatarse de sus pactos de investidura, pero han elegido la indignidad en la Moncloa antes que la dignidad de las urnas. La argucia de Junts al proponer que el PSOE presente un candidato alternativo a Sánchez es un atajo para escapar de cualquier coincidencia con PP y Vox, aunque pueda causar incomodidad en las filas socialistas. En definitiva, la renuncia a plazos del laborista Starmer demuestra a sus homólogos españoles que los partidos políticos solo existen para atender su papel en una democracia deliberativa, no para convertirse en gabinete privado de su líder. La solución no es dar al PSOE la opción de cambiar de carta en mitad de la partida, sino que este partido asuma en la oposición el daño causado a la democracia, y no solo por casos de corrupción.
Sánchez no abandonará el poder de una manera voluntaria, digna y generosa. No dedicó un minuto a dar una explicación al Congreso de los Diputados de las condenas a sus allegados –de Álvaro García Ortiz a Ábalos–, del suma y sigue de indicios sobre las cloacas socialistas, la financiación irregular y de su amparo a un Rodríguez Zapatero consumido por las pruebas de cargo contra él. Tampoco de las causas que implican a sus familiares, más allá de las consabidas apelaciones al bulo y la desinformación. Se atrevió, eso sí, a alabar sus medidas contra la corrupción, que oscilan entre la inexistencia y la inutilidad. Recordemos que su plan de regeneración democrática dio a luz una proposición de ley para silenciar a las acusaciones populares y unas medidas para desalentar las libertades de información y de expresión.
Este miércoles Pedro Sánchez estableció su marco de autodefensa fuera de la democracia. Ya no existe como presidente del Gobierno, sino como un resistente en la Moncloa, cuya legitimidad parlamentaria inicial ha mutado en una ilegitimidad por incumplimiento de sus funciones constitucionales y democráticas. Ya no se trata de Sánchez contra la oposición, sino de Sánchez contra el sistema democrático, contra la Justicia, la opinión pública, los medios de comunicación, los controles parlamentarios y los mandatos constitucionales al poder ejecutivo. Puede decirse que Sánchez se ha declarado en rebeldía frente a la Constitución y la democracia y empuja así al país a un enfrentamiento cada día más intenso, algo innecesario si se va, pero inevitable si se queda. Ha elegido la peor opción.
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