Desde que se aupó al poder a través de una moción de censura, con la promesa falaz de erradicar la corrupción y la intención evidente de entregarse a ella, Pedro Sánchez supo que necesitaba tener bajo su control a la institución encargada de perseguir el ... delito. Por eso nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado, fichada directamente desde su Consejo de Ministros, después a Álvaro García Ortiz, todavía más sumiso, condenado por revelar secretos con el propósito de perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, y finalmente a Teresa Peramato, que aplaudía a su predecesor cuando iba camino del banquillo y ahora ha demostrado acumular méritos sobrados para sucederle en la tarea de obedecer ciegamente al amo. Sánchez creó una «Fiscalía patriótica» al servicio de sus intereses particulares, acompañada de una Abogacía del Estado dedicada a defenderle a él y a sus allegados con cargo a nuestros bolsillos. Nada se ha interpuesto aún en su camino hacia la impunidad, y aquí estamos hoy, en manos de sus lacayos, sin otra esperanza que la ofrecida por hombres como Alejandro Luzón, quien se ha jugado la carrera en el juicio por el caso de las mascarillas al sortear la orden directa de su superiora jerárquica y reconocer en su alegato final que la colaboración de Víctor de Aldama merecería una reducción de pena mayor a la recogida en su propio escrito de conclusiones.
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