¿Cuántas cámaras de seguridad hay en el país? ¿Qué registran y a dónde van esas grabaciones? ¿Quiénes pueden ver cuando entras o sales de un municipio? Todas esas son preguntas exploratorias que dieron pie al desarrollo de la investigación Los vigilantes en la mira, un informe elaborado por VE Sin Filtro y publicado este 26 de marzo.
Este informe profundiza en cómo el uso de tecnologías ha agravado el control político en Venezuela, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron más de 2.000 detenciones arbitrarias por parte del Estado en distintas regiones del país.
El documento explica cómo esta estrategia ha sido masiva, generalizada y, sobre todo, efectiva: el temor a la persecución, la desaparición forzada o la privación de libertad logró establecer un ambiente de autocensura, clandestinidad y limitaciones para ejercer, por ejemplo, el derecho a la protesta.
«Estos hallazgos demuestran que la infraestructura de vigilancia venezolana opera como un sistema integrado de control autoritario que trasciende tecnologías individuales o actores institucionales», dice el informe.
El control social a través de tecnologías en Venezuela tiene múltiples formas: puede ser una cámara de seguridad, un drone, GPS instalados de forma arbitraria y secreta en vehículos, intercepción de telecomunicaciones o la inspección de dispositivos móviles y computadoras.
Los vigilantes en la mira deja claro que después de la extracción del expresidente Nicolás Maduro este patrón represivo se mantiene: «La infraestructura de vigilancia permanece operativa e intacta (…) comprender estos sistemas en toda su complejidad, incluyendo sus capacidades técnicas, cadenas de suministro, operadores institucionales, marcos legales e
impactos en los derechos humanos, resulta esencial para apoyar a la sociedad civil venezolana en condiciones de máxima represión».
En esta nota, se aborda el uso de las cámaras de seguridad como una forma para reprimir protestas, controlar movimientos de liderazgos políticos y facilitar la detención de disidentes según el informe de VE Sin Filtro.
De buenas a primeras, las cámaras de seguridad son sinónimo de protección a la ciudadanía. Son instrumentos que permiten respaldar lo que ocurre en plazas, calles, avenidas, locales, pero VE Sin Filtro asegura en su informe que en Venezuela sirven para perseguir y vulnerar la privacidad de la disidencia política y los civiles.
«Este aparato opera dentro de un vacío legal que prácticamente no protege el derecho a la privacidad de los ciudadanos ni las garantías del debido proceso», dice la investigación.
«Lo más significativo es que (Diosdado) Cabello reconoció el 16 de julio de 2025 que las cámaras de seguridad jugaron un ‘papel clave en la identificación de los manifestantes‘ durante las manifestaciones post-electorales que tuvieron lugar del 29 de julio al 3 de agosto de 2024, confirmando públicamente lo que las organizaciones de la sociedad civil habían documentado previamente:que las imágenes de CCTV permiten la identificación, seguimiento y detención de personas críticas al gobierno de manera sistemática«, señala.
Y agrega: «Es probable que VEN911 tenga un propósito mucho más amplio que simplemente responder a emergencias de seguridad pública, dada su huella de implementación observada y la arquitectura técnica de su infraestructura, proporcionada por el fabricante chino de telecomunicaciones ZTE».
Las cámaras del sistema VEN911, que son fabricadas por la empresa china ZTE, cuentan con Smart City Solution, un servicio que permite el análisis de volúmenes masivos de datos y el uso de inteligencia artificial.
Sobre esto, VE Sin Filtro dice: «Se alinea con las capacidades que han sido reconocidas por las autoridades venezolanas: identificación retroactiva de manifestantes a partir de grabaciones, rastreo de matrículas en los puntos de acceso a la ciudad y transmisión en tiempo real a los centros de comando».
Sin embargo, la característica más importante es que permite manejar «una plataforma de datos unificada e interdepartamental». Lo que significa que los datos «pueden cruzarse con el registro Patria, las bases de datos del SEBIN y los registros de intercepción de telecomunicaciones de otras agencias del régimen».
No hay un registro oficial de cuántas cámaras hay en Venezuela, de modo que VE Sin Filtro toma las declaraciones de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, para calcular un estimado.
«En junio de 2025 el comandante de VEN911, Neptalí Rodríguez, reportó 3.920 cámaras operativas monitoreadas a través de 26 Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones, incluida la sede nacional, 19 oficinas estatales y seis
instalaciones municipales. Para diciembre de 2025, Cabello anunció que la cifra era de aproximadamente 7.000 cámaras, lo que representa un aumento de 78,6% en solo seis meses», dice el reporte.
El municipio Libertador de Distrito Capital había 774 cámaras de seguridad en junio de 2025 según Neptalí Rodríguez. Mientras que Chacao, de acuerdo con el alcalde Gustavo Duque, posee 310 cámaras activas.
El Área Metropolitana de Caracas (AMC) es la región del país con la infraestructura de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con mayor alcance y tecnología. Estas cámaras tienen un zoom de alta definición para largas distancias (más de 100 metros) y algunas pueden dejar registro de conversaciones.
VE Sin Filtro indica que los sistemas VEN911 tienen acceso a las redes municipales de cinco municipios. «Funcionarios de inteligencia informan que la sede de VEN911 en Plaza Venezuela mantiene centros de comando con señal directa de cámaras estratégicamente ubicadas que monitorean las principales vías públicas (…) El sistema incluye instalaciones fijas y unidades de comando móviles equipadas con conjuntos de cámaras desplegables en postes extensibles».
El informe Los vigilantes en la mira destaca que los municipios El Hatillo, Chacao y Baruta, considerados opositores por muchos, se enfrentan a «grandes presiones» por parte del gobierno central sobre este tema: «Estos municipios
ejemplifican un patrón más amplio en el que una infraestructura de seguridad aparentemente independiente es cooptada para la represión política».
«Existen indicios de coordinación operativa entre el CISC y el sistema VEN911, pero no hay evidencia de integración técnica. El CISC ha desactivado temporalmente las cámaras en lugares específicos cuando se realizan procedimientos como redadas u operaciones de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para evitar que estos eventos queden registrados en sus sistemas», recoge el informe sobre lo que ocurre con las cámaras en el municipio Chacao.
El CISC es el Centro de Seguridad y Comunicación Integrada, que se encarga del monitoreo avanzado y coordinación de emergencias que opera las 24 horas en Chacao.
Otro estado con alta presencia de circuitos CCTV es Trujillo. En abril de 2025, por ejemplo, el gobierno regional, liderado por Gerardo Márquez, instaló 72 cámaras de la empresa Dahua Technologies en el municipio Valera para monitorear la ciudad desde distintas sedes de centro de mando estatal.
«El comando del estado Trujillo interopera con el sistema 1×10 del Buen Gobierno, que recibe los informes de la comunidad enviados a través de Línea 58, una función de VenApp que permite a los usuarios enviar quejas e informes a autoridades gubernamentales (…) Esto implica una conexión entre las agencias gubernamentales que enlazan el sistema de vigilancia con la plataforma de mensajería VenApp, que se ha utilizado para revelar información confidencial de individuos a quienes el régimen etiqueta como ‘terroristas'», dice el informe de VE Sin Filtro.
«El sistema VEN911 parece funcionar como un centro donde las entidades de seguridad nacional pueden acceder a las imágenes de las cámaras», señala el informe de VE Sin Filtro.
Las grabaciones puede ser vistas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Las fuerzas de seguridad podrían acceder a videos para llevar a cabo investigaciones contra opositores políticos, monitorear protestas, identificar activistas y facilitar operaciones de arresto», indica. El ministro Diosdado Cabello ha dadi argumentos para sostener esta afirmación con declaraciones públicas: «Ahora hay cámaras por todos lados, así que pórtense bien, los están viendo, los están mirando».
Esta investigación señala que, ciertamente, el problema no son las cámaras, sino el uso y la opacidad que hay al respecto: «Ningún marco legal regula cómo se pueden usar las grabaciones, quién puede acceder a ellas ni con qué fines. La ausencia de supervisión judicial, políticas de retención de datos, controles de acceso y organismos de supervisión civil crea un entorno donde las fuerzas de seguridad pueden explotar los sistemas de CCTV para la persecución política sin ninguna rendición de cuentas».
VE Sin Filtro da varios motivos para atender este tema. Estos son los tres más destacados:
VE Sin Filtro es una organización que promueve los derechos digitales y se ha encargado de documentar la vulneración de estos en Venezuela. Su informe Los vigilantes en la mira puede consultarse a través de su web o puedes hacer click aquí para dirigirte al sitio de descarga.
La investigación profundiza sobre otras formas de vigilancia política en Venezuela y ofrece algunas recomendaciones para la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos. Todas se elaboraron considerando «casos documentados, sistemas de vigilancia desplegados, vulnerabilidades técnicas identificadas, dependencias en la cadena de suministro y las realidades operativas que enfrentan los activistas en condiciones de severa represión».
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