La asociación de Consuelo Ordóñez califica de "extremadamente grave" beneficiar a Juan Ramón Carasatorre con el incumplimiento por la consejera de Justicia del "procedimiento legalmente previsto"
La presidenta de Covite Consuelo Ordóñez junto a familiares de víctimas del terrorismo en la colocación de una placa en recuerdo de María Luisa Sánchez Ortega.ARABA PRESS
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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro constata que el Departamento de Justicia de María Jesús San José (PSE-EE) facilitó la semilibertad del etarra Juan Ramón Carasatorre sin que constara una propuesta previa de la Junta de Tratamiento. Un incumplimiento del "procedimiento legalmente previsto" en el Reglamento Penitenciario para conceder el artículo 100.2 que constata la intervención política del Gobierno vasco para acelerar la puesta en libertad de los ex terroristas que cumplen sus condenas en Euskadi. Pese a la gravedad del auto judicial, fuentes del Departamento de Justicia han insistido hoy en el argumentario de que "está aplicando el marco legal vigente".
El "marco legal" establecido en el Reglamento Penitenciario señala con claridad que la concesión del 100.2 es una medida excepcional condicionada a facilitar que cada interno pueda realizar fuera de la cárcel "un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado". "El juez constata expresamente que no se presentó ningún plan de ejecución tratamental, pese a haber sido requerido", advierte Covite en su primera valoración sobre los autos en los que el juez Castro anula la semilibertad para Carasatorre y para Soledad Iparagirre Anboto. Dos decisiones políticas adoptadas por el Departamento de Justicia dirigido por la consejera socialista María Jesús San José.
"La decisión [de conceder el 100.2 a Carasatorre] fue adoptada por la viceconsejería de Justicia del Gobierno vasco sin que constara una propuesta previa de la Junta de Tratamiento para aplicar el 100.2 ni el correspondiente programa específico de tratamiento", ha advertido Covite. Según lo desvelado por el juez de vigilancia penitenciaria, el Gobierno vasco activó la concesión de esta semilibertad sin cumplir los requisitos que expresamente recoge el Reglamento Penitenciario. Carasatorre era uno de los integrantes del comando Donosti que el 23 de enero de 1995 asesinó a Gregorio Ordóñez. Un asesinato en el que también intervinieron Xabier García Gaztelu 'Txapote' y Valentín Lasarte.
«Estas resoluciones judiciales avalan exactamente lo que Covite lleva años denunciando: que se está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar la semilibertad a los presos de ETA sin cumplir de verdad con los requisitos legales para ello. Y eso supone una vulneración intolerable del derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia", ha advertido Covite ante los autos que revocan las salidas diarias de los ex terroristas de prisión.
La presidenta de Covite Consuelo Ordóñez lleva meses denunciando los "fraudulentos" terceros grados y 100.2 que el Gobierno vasco está utilizando para acelerar la puesta en libertad de los etarras que siguen encarcelados porque fueron condenados por asesinatos múltiples. "Los dos autos suponen un espaldo inequívoco a la denuncia que el Colectivo viene realizando desde hace años: se está vaciando de contenido la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA, vulnerando con ello el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia", han advertido desde este colectivo de víctimas del terrorismo.