Itxaso alega que favorecerá el "arraigo" con una medida reclamada por los ayuntamientos que perjudica a los emigrantes. El Gobierno vasco abre a las rentas medias las ayudas públicas de vivienda
El consejero Itxaso junto al lehendakari Pradales y la presidenta de la asociación de ayuntamientos vascos Esther Aprazi en el patio central de Lehendakaritza en Vitoria.ARABA PRESS
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El Gobierno vasco ha elevado de un año a tres de residencia el requisito para optar a una vivienda de alquiler de protección oficial. La medida forma parte del "escudo social" impulsado por el consejero socialista de Vivienda Denis Itxaso con el visto bueno del lehendakari Imanol Pradales (PNV). El incremento del tiempo de empadronamiento favorecerá a los demandantes de vivienda locales frente a los extranjeros justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la tramitación presencial de la regularización de migrantes que en Euskadi afectará a unas 26.000 personas. Itxaso ha justificado el cambio para "un mayor arraigo" con una medida que había sido expresamente solicitada por la asociación de municipios vascos.
Casi 82.000 vascos aspiran a tener una vivienda en alquiler protegido y hasta ahora para optar a las que ofrece el Departamento de Vivienda tenían que acreditar un año de residencia en su municipio. Pero el consejero socialista Denis Itxaso ha anunciado hoy que, a partir de ahora, tendrán que acreditarse al menos tres años de residencia mínima en la localidad en la que se solicita un piso de alquiler público. La medida forma parte del denominado "escudo social" con el que el Gobierno vasco concreta los cambios legislativos que se incluyeron en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que el Parlamento Vasco aprobó en diciembre de 2025.
El Gobierno vasco cuenta con un amplio abanico de viviendas de alquiler público que van desde las denominadas como de régimen especial (para rentas con ingresos de hasta 29.784 euros), pasando por las de régimen general (ingresos máximos de 46.463 euros) y las de régimen tasado (con ingresos máximos de 59.568 euros). El Ejecutivo vasco cuenta con cerca de 28.000 pisos de alquiler público, entre los que se incluyen 7.500 que propietarios particulares ponen a disposición del Departamento de Vivienda para que los alquile a un precio hasta ahora tasado.
Entre los cambios de la política de vivienda pública se incorpora ahora que en los municipios declarados como zona tensionadas el precio máximo de un piso cedido al Gobierno vasco será del 95% de la media del mercado. Itxaso ha utilizado como ejemplo el caso de San Sebastián donde el tope que tendría garantizado un propietario hasta ahora sería de 700 euros pero con este límite flexible se elevará hasta los 994 euros. Con esta medida, el Gobierno vasco se ha fijado el objetivo de ampliar de los 7.500 a los 9.500 el número de pisos privados que quiere gestionar dentro de sus programas de apoyo al alquiler.
La aplicación de estos índices vinculados a los precios medios de alquiler en cada pueblo o ciudad también se aplicará para subvencionar a los jóvenes menores de 35 años que vivan de alquiler. El Gobierno vasco otorga una ayuda mensual de 300 euros pero condicionaba que la cuantía máxima del alquiler fuera de 900 euros en las tres capitales. También en este caso, este índice se adecuará al 95% del alquiler medio en un intento por "flexibilizar" los baremos.
"El recurso al alquiler se humaniza para que el mercado de la vivienda no sea un mercado de activos financieros sino un mercado que regula un bien de primera necesidad", ha advertido Itxaso, muy criticado desde EH Bildu, Podemos y Sumar al haber reducido los porcentajes destinados a las viviendas de protección oficial en las nuevas urbanizaciones y por su empeño en facilitar la construcción de nuevas viviendas y la transformación de locales comerciales. De hecho, el Gobierno vasco ya ha eliminado dos de las trabas para reconvertir las lonjas en viviendas al suprimer el requisito de que cada vivienda cuente con dos orientaciones y su acceso se realice a través de un portal. Con estos cambios, los ayuntamientos podrían facilitar la reconversión en viviendas de unos 7.500 locales comerciales, según las estimaciones realizadas por el equipo de Denis Itxaso.