El Gobierno vasco concede el tercer grado a Asier Arzalluz pese a que la Justicia lo denegó en febrero. También otorga beneficios penitenciarios a Óscar Celarain y a Arantza Zulueta.
El etarra Asier Arzalluz durante uno de los juicios celebrados en la Audiencia Nacional en Madrid.E. M.
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La consejera de Justicia vasca María Jesús San José ha otorgado dos veces en cuatro meses el tercer grado a Asier Arzalluz, miembro del comando de ETA que asesinó a José Luis López de Lacalle el 7 de mayo de 2000. El pasado mes de febrero decretó su semilibertad pero la Fiscalía, primero, y el juez de Vigilancia Penitenciaria, después, la rechazaron por la falta de "consistencia temporal" en la evolución del etarra. Tan solo cuatro meses después, San José vuelve a facilitar la salida de prisión de Arzalluz pese a su sangriento historial terrorista que formó parte del comando Ttotto que asesinó a dos guardias civiles en Huesca y al funcionario de prisiones Máximo Casado en Vitoria.
Arzalluz solo ha tenido que esperar 4 meses para que la consejera socialista de Justicia le vuelva a conceder un tercer grado que es el preámbulo a su salida de la cárcel. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este nuevo beneficio penitenciario otorgado por el Gobierno vasco a un etarra condenado por graves crímenes. Arzalluz junto a Aitor Agirrebarrena y José Ignacio Guridi Lasa asesinó el 7 de mayo de 2000 al columnista de EL MUNDO José Luis López de Lacalle. El simpatizante socialista y fundador de Comisiones Obreras en Gipuzkoa es homenajeado todos los años por el PSOE de Andoain en una ceremonia en la que participan también la viuda Mari Paz Artolazabal y los hijos de De Lacalle. En el último acto de recuerdo también acudió la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia y 'número dos' de San José, Arritxu Marañón.
Además de facilitar de nuevo la semilibertad de Arzalluz, el Gobierno vasco también ha concedido el tercer grado a Óscar Celerain y el artículo 100.2 a Arantza Zulueta, condenada por ser la responsable del aparato jurídico de ETA denominado Halboka. El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de enero la pena de siete años y medio de prisión para Zulueta por organización terrorista y depósito de armas y explosivos. "Estamos hablando de una persona que fue clave en el entramado que impedía el arrepentimiento de los presos de ETA. Convertir ahora su caso en un ejemplo de reinserción es un insulto a las víctimas y a la verdad", ha denunciado Covite.
Cerain, por su parte, cumple condena por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola en 2002, en el que fueron asesinados la niña Silvia Martínez Santiago y Cecilio Gallego Alaminos. Celarain cumple una pena de 30 años de prisión por delitos de asesinato, estragos, tenencia de explosivos, pertenencia a organización terrorista, robo y hurto de vehículos a motor e incendio.
«Se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados y 100.2 fraudulentos. Porque no hay una verdadera política de reinserción, sino una política de excarcelación de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, que es lo que establece la Ley para poder acceder al tercer grado y al Artículo 100.2», ha denunciado la presidenta de Covite Consuelo Ordóñez.