Las diputaciones examinan la documentación de los organizadores privados pero relegan el control presencial. La fundación señalada por los presuntos delitos contra menores, sancionada con 9.000 euros y tres años de inhabilitación
Local de la Junta Administrativa de Bernedo en el que se organizaban los polémicos Euskal Udalekuak que son investigados por presuntos abusos a menores.ARABA PRESS
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Las tres diputaciones forales examinan las declaraciones responsables que más de un centenar de entidades han remitido para organizar decenas de campamentos de verano. Pendientes aún de que el Gobierno de Imanol Pradales apruebe el anunciado decreto para proteger a los menores tras el 'caso Bernedo', los requisitos establecidos se limitan a garantizar la existencia de un seguro de responsabilidad civil y las titulaciones de los monitores. Solo tres inspectores para el País Vasco controlarán el desarrollo de los udalekus después de que la Diputación de Álava haya abortado el intento de los promotores de los Euskal Udalekuak de mantener los de Bernedo tras las denuncias de presuntas vejaciones a menores.
"¿Usted como diputada foral me garantiza que lo ocurrido en Bernedo no volverá a ocurrir?", le ha retado la portavoz del PP de Álava Ana Salazar a Ana del Val, titular del área de Cultura y Deporte de la Diputación alavesa. La pregunta ha quedado en el aire e interpela a todas las administraciones públicas que quedaron en entredicho cuando la periodista Zuriñe Ojeda destapó en septiembre de 2025 las denuncias de madres y padres de niños que habían participado en 'udalekus' organizados por la fundación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea en el municipio alavés de Bernedo. Un escándalo mayúsculo que, además de poner en entredicho a las diputaciones forales, a la Ertzaintza y a la Justicia, evidenció el absoluto descontrol sobre actividades en las que participan menores.
Diez meses después, la Diputación foral de Álava ha confirmado la ilegalidad cometida por los organizadores de las Euskal Udalekuak a los que en una contudente sanción administrativa les condena a pagar una multa de 9.000 euros y son suspendidos durante 3 años por eludir su obligación de comunicar estas actividades que realizaron durante décadas. Una sanción basada en que Sarrea Euskal Udaleku Elkartea no comunicó la celebración de estos campamentos y que, tras las denuncias de 21 familias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores, no facilitó a la Diputación los datos requeridos.
Además, los organizadores pretendieron engañar a la Diputación en lo que la diputada Del Val ha calificado de "fraude de ley" al delegar en una asociación afín denominada Dorrekoa Kultur Elkartea la organización de los udalekus en las mismas instalaciones de Bernedo. Dorrekoa tramitó la documentación el pasado 21 de mayo con el objetivo de reiniciar los campamentos de Bernedo a partir del próximo 1 de julio ante el deseo de casi 200 familias. Dorrekoa asumía el uso de un local público alquilado por la organización sancionada y que se extiende hasta 2030. Un contrato de alquiler que la Diputación alavesa pretende solucionar jurídicamente además de plantear que pueda ser utilizado para campamentos públicos que permitan recuperar la identidad de este pueblo ensombrecida por el escándalo del campamento "euskaldún y feminista" investigado penalmente.