El Gobierno de España recuperará el 24 de junio las instalaciones de Martutene en las que el consejero Itxaso pretende impulsar 400 VPO que ahora cuestiona el alcalde Insausti. Alfredo Gómez, elegido para la formación 'exprés' de sus vigilantes
La consejera San José junto a la delegada Marisol Garmendia, el secretario de Estado David Lucas y el consejero Denis Itxaso en el barrio de Martutene en San Sebastián.IREKIA
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El Gobierno vasco es desde hoy 4 de mayo el propietario del centro penitenciario de Guipúzcoa-C.P. Norte III tras el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el que amplía las instalaciones que cedió en octubre de 2021 cuando formalizó la transferencia de prisiones a Euskadi. Un "traspaso de la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado" salpicada por la polémica por la concesión de semilibertad a los miembros de la banda terrorista ETA especialmente llamativo en la prisión de Martutene que cerrará sus puertas a finales de mayo. Alfredo Gómez, actual director de Martutene, fue el señalado por el juez José Luis de Castro en el auto que revocó la concesión del artículo 100.2 del etarra Juan Ramón Carasatorre. Gómez será el encargado de coordinar la formación de los 70 vigilantes interinos que entrarán a trabajar en el nuevo centro penitenciario guipuzcoano.
El Gobierno vasco ya es titular desde hoy del centro penitenciario que encargó y financió el Ministerio del Interior situado en la localidad guipuzcoana de Zubieta. Según el Real Decreto 365/2026, la propiedad de los casi 285.000 metros cuadrados de la nueva cárcel ya es del Departamento de Justicia y el actual director de Martutene Alfredo Gómez ha realizado en los últimos días varias visitas a las nuevas instalaciones. El nuevo centro penitenciario cuenta con seis módulos en los que se encuentran las 232 celdas dobles. Las celdas, además, tienen duchas frente a las instalaciones carcelarias en las que las duchas son colectivas por módulos. Además, el centro penitenciario al que serán enviados una veintena de presos de ETA cuenta con campo de fútbol, frontón, polideportivo y piscina climatizada.
Según el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Transferencias el pasado 15 de abril y publicado hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, el Gobierno vasco asume sin contraprestaciones esta nueva instalación pero el próximo 24 de junio perderá la propiedad de la cárcel de Martutene. De esta manera, los edificios y los terrenos de Martutene volverán a ser propiedad del Gobierno de España que será quién lidere la nueva urbanización. El consejero de Vivienda Denis Itxaso junto al secretario de Estado de Vivienda David Lucas anunció el pasado 11 de febrero la construcción de 400 viviendas de protección oficial (VPO) en los terrenos de la cárcel de Martutene. Sin embargo, semanas más tarde, el alcalde de San Sebastián Jon Insausti ha cuestionado las intenciones de Itxaso y de Lucas para plantear una "mixtura" en la tipología de las construcciones en esta parcela. "Tienen que responder a toda la ciudadanía, y tiene que haber mixtura entre vivienda libre, vivienda tasada y también vivienda protegida y de protección social", señaló Insausti que desde su llegada a la Alcaldía mantiene un pulso continuo con Itxaso sobre la política de vivienda a aplicar en San Sebastián.
Mientras el consejero de Vivienda y el alcalde de San Sebastián liman sus continuas diferencias, la consejera de Justicia María Jesús San José ultima el traslado de los 180 reclusos de Martutene y acelera en la preparación del personal interino que deberá hacerse cargo del control y vigilancia de las nuevas instalaciones. San José, a través del IVAP, ha confiado en el actual director de Martutene Alfredo Gómez la formación de los 70 nuevos vigilantes que serán formados a partir del próximo 18 de mayo en la cárce de Zaballa. Los aspirantes forman parte de una bolsa de trabajo que el Gobierno vasco ya ha utilizado en otras cuatro ocasiones para contrarrestar la falta de profesionales. Gómez recibirá 480 euros (sin IVA) del IVAP por formar a trabajadores que formarán parte de su plantilla y cuya elección definitiva dependerá de que acrediten ante el aún director de Martutune su idoneidad para ejercer de vigilantes.
El juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro advirtió en su auto de revocación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Juan Ramón Carasatorre irregularidades en el procedimiento de su concesión. «Lo que no resulta admisible, al amparo del texto del Art. 100.2 RP es que estos órganos administrativos sustituyan funciones competenciales propias de las Juntas de Tratamiento, ya que de ocurrir esta circunstancia cabría valorar la nulidad de las decisiones del órgano administrativo superior», adviertía Castro sobre la semilibertad concedida a Carasatorre que partió del director de Martutene sin pronunciamiento previo de la Junta de Tratamiento.