El Consistorio guipuzcoano ya incumple el índice de preceptividad del 63,18% porque tres de cada cuatro plazas exigen el conocimiento del euskera. El PSE-EE defiende en el Parlamento Vasco la aplicación de este índice frente a la imposición de PNV y EH Bildu.
Agentes de la Policía Local en formación durante el acto de toma de posesión de sus credenciales en la Academia de Arkaute de la Ertzaintza.ARABA PRESS
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Un juzgado de San Sebastián ha declarado ilegal que el Ayuntamiento de Eibar impusiera como requisito acreditar el nivel C1 de euskera para las seis plazas de agentes primeros en la Policía Local. El Consistorio dirigido por Joseba Iraola (PSE-EE) estableció la obligatoriedad del conocimiento del euskera al 100% de las plazas cuando ya las plazas que exigen el euskera son el 74,9% del total. El índice de preceptividad establecido en la normativa vasca para Eibar es del 63,18%. A pesar de no aplicarlo en los consistorios que gobierna, el partido de Eneko Andueza defiende la continuidad de este índice de obligado cumplimiento como garantía para equilibrar los derechos laborales con la atención en euskera en los servicios municipales.
La sentencia dictada el pasado 5 de junio da la razón a tres aspirantes representados por el abogado Ignacio López Lera. El fallo judicial anula la convocatoria aprobada por el gobierno local que en noviembre de 2025 establecía las condiciones para optar a las 6 plazas para la provisión transitoria en comisión de servicios de agentes primeros de la Policía Local. Además de solicitar la anulación del procedimiento, el abogado irunés solicitaba que los tres policías puedan presentarse en el futuro proceso selectivo y la imposición de costas al Ayuntamiento de Eibar.
La sentencia no cuestiona la capacidad del Consistorio para incluir el euskera como requisito sino que, en consonancia con pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pero sí que advierte que no está justificada la proporcionalidad de exigir el C1 en el 100% de las plazas en función de las funciones de estos mandos policiales.
Tareas que fundamentalmente son de carácter organizativo e interno y, por tanto, que no tienen una relación continua con ciudadanos euskaldunes por lo que no está justificado exigir un alto nivel de euskera en todas ellas. Además, resulta llamativo que se exigiera el euskera en el 100% sin adecuarse a un índice de preceptividad ya vulnerado por el propio Ayuntamiento con más plazas perfiladas que las establecidas por la normativa vasca aún en vigor. Se da la circunstancia de que el equipo de gobierno del socialista Iraola llegó a nombrar como agente primero a uno de los demandantes para cubrir una baja de paternidad lo que cuestiona la decisión de exigir el C1 de euskera en este proceso selectivo anulado por la Justicia.
Esta nueva sentencia vuelve a advertir, como lo ha hecho el TSJPV, que la capacidad de autoorganización de las instituciones no es absoluta sino que está sujeta a limitaciones legales. El fallo agrieta el argumentario del PSE-EE al destacar la importancia de los índices de preceptividad cuando no los respeta en convocatorias concretas de municipios en los que gobierna. Pero también cuestiona de antemano la modificación legal que defiende el PNV para que sea cada institución la que determine su propio índide de obligado cumplimiento del euskera con el único control del propio Gobierno vasco.
El sindicato LAB ya ha utilizado esta sentencia para denunciar lo que considera una "ofensiva sistemática e injusta cuyo objetivo es ralentizar al máximo la euskaldunización de la administración". LAB reclama una modificación urgente de la Ley de la Función Pública en el Parlamento Vasco y ha convocado a sus afiliados y simpatizantes a participar en una marcha el próximo sábado en Pamplona organizada por Euskalgintzaren Kontseilua.