La campaña impulsada tras el último rechazo judicial al cambio de investigación ya roza las 2.000 firmas y reclama apartar a la Policía Nacional de una causa marcada por pruebas desaparecidas, errores y décadas sin respuestas
Déborah Fernández, asesinada en 2002 en Vigo.Cedida
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La familia de Déborah Fernández ha iniciado una campaña pública en Change.org para reclamar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asuma la investigación del asesinato de la joven viguesa, un crimen ocurrido en 2002 y todavía sin resolver 24 años después.
La petición, difundida bajo el lema "Justicia para Déborah", acumulaba ya cerca de 2.000 firmas pocas horas después de su publicación y llega apenas unos días después de que el juzgado de Tui rechazase nuevamente apartar a la Policía Nacional del caso.
En el texto de la campaña, la familia denuncia que la investigación estuvo marcada durante años por "errores, contradicciones y actuaciones difíciles de comprender" y sostiene que la causa nunca recibió la investigación "rigurosa y objetiva" que merecía.
"Estamos hablando de pruebas desaparecidas. De contradicciones imposibles de explicar. De actuaciones policiales que hoy generan más dudas que tranquilidad. Y, sobre todo, estamos hablando de un asesino que sigue libre", afirma el manifiesto publicado en la plataforma.
La iniciativa supone un nuevo paso en la presión pública iniciada por el entorno de Déborah Fernández, que desde hace años denuncia graves irregularidades durante la instrucción del caso y asegura haber perdido completamente la confianza en la Policía Nacional.
la justicia frena el caso
Tal y como publicó EL MUNDO recientemente, la familia había solicitado formalmente que las pesquisas pasasen a manos de la UCO, especializada en grandes investigaciones criminales, al considerar que otro cuerpo policial debía revisar lo ocurrido durante más de dos décadas de diligencias fallidas. Sin embargo, el juzgado de Tui volvió a rechazar esa posibilidad.
En su resolución, el magistrado argumentó que la causa continúa archivada provisionalmente y que no existen "indicios ni hechos nuevos" que justifiquen reabrir la investigación. Además, recordó que corresponde exclusivamente al órgano judicial decidir qué cuerpo policial practica las diligencias.
La familia sostiene, no obstante, que el debate judicial se ha centrado en una cuestión distinta de la que realmente planteaban. Según defendió posteriormente su abogado, nunca solicitaron formalmente la reapertura del procedimiento penal, sino únicamente que otro cuerpo policial revisase las pesquisas debido a la pérdida total de confianza en la investigación realizada hasta ahora.
Revisión independiente y rigurosa
El caso de Déborah Fernández se ha convertido con el paso de los años en uno de los crímenes sin resolver más conocidos de Galicia. La joven, de 21 años, desapareció el 30 de abril de 2002 en Vigo. Diez días después, su cadáver apareció en una cuneta de O Rosal (Pontevedra), cuidadosamente colocado entre la maleza. Más de dos décadas después, todavía no existe ningún condenado por el crimen.
Durante estos años, la familia ha denunciado numerosas anomalías en la investigación. Entre ellas, la desaparición del teléfono móvil de Déborah durante años y su posterior reaparición sin tarjeta SIM, vacíos en los registros de llamadas, la ausencia inicial de pruebas de ADN bajo las uñas de la víctima o informes periciales que apuntaban a posibles manipulaciones de su ordenador mientras estaba bajo custodia policial.
"Cuando un crimen así queda sin resolver, no fracasa solo una familia. Fracasa todo el sistema. Fracasa la justicia. Y fracasa la sociedad entera", sostiene ahora la campaña impulsada en Change.org, que pide una "revisión independiente, rigurosa y profesional" de todo lo ocurrido desde 2002.