La fiscal sostiene que los investigados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con un "grosero desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes"
Homenaje a las víctimas del Villa de Pitanxo en el segundo aniversario de la tragedia.
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La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para cada uno de los tres acusados por el naufragio del buque pesquero Villa de Pitanxo, ocurrido en febrero de 2022 frente a las costas de Terranova, en Canadá, con 21 tripulantes a bordo y solo tres supervivientes.
El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE y notificado este mismo miércoles, acusa a Juan Enrique Padín, capitán del buque; José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora, y al hijo de este, José Antonio Nores Ortega, director de flota.
Les atribuye 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia (respecto al marinero sobreviviente Samuel Koufie) y otro contra los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía pide para cada uno de ellos nueve años de prisión y, en el caso del capitán, la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de buque, mismo periodo al que se enfrentan Nores Rodríguez y Nores Ortega, en su caso, para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.
Además los tres deben responder solidaria y conjuntamente por la responsabilidad civil del naufragio del Villa de Pitanxo, así como la aseguradora como responsable civil directa y, subsidiariamente, Pesquerías Nores.
El Ministerio Fiscal propone una extensa batería de pruebas para la vista oral, como la declaración de los sobrevivientes (Samuel Koufie y Eduardo Rial), familiares de las víctimas y tripulantes de los barcos de rescate (Playa Menduiña Dos, Río Caxil).
También solicita periciales para la ratificación de los informes judiciales, el de la CIAIM (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos) y el de la Inspección de Trabajo, además de atestados de la Guardia Civil, certificados de navegabilidad, planos de salvamento, libros de estabilidad, discos duros del operativo de búsqueda del pecio e informes médicos.
La fiscal sostiene que los investigados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con un "grosero desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes", lo que, según su relato, desembocó en el naufragio.
Entre los elementos que la Fiscalía reprocha figuran la sobrecarga del buque, en parte por tanques de combustible instalados sin autorización legal; la falta de medidas preventivas adecuadas; y deficiencias en las condiciones de abandono y salvamento.
Respecto al capitán, la Fiscalía le atribuye no haber tomado medidas precautorias ante una virada en condiciones meteorológicas muy adversas, como asegurar el cierre de aberturas del casco y puertas estancas. También le reprocha no haber valorado adecuadamente la situación del barco en la fase final de la maniobra y haber dado la orden de abandono demasiado tarde.
En cuanto a los armadores, el Ministerio Público les responsabiliza no haber cumplido con exigencias de seguridad como la existencia de una escalera de estribor, no haber facilitado instrucciones concretas sobre qué debía hacer cada tripulante en una emergencia y haber dispuesto los trajes de inmersión y chalecos en los camarotes, dificultando su recogida.
El buque, apunta la Fiscalía, operaba en una zona de intensa formación de hielo, algo expresamente prohibido en su Libro de Estabilidad por no contar con los cálculos y protecciones reglamentarias.